El pleno extraordinario de la Junta General del Principado, destinado para debatir sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, pierde interés al renunciar el presidente, Adrián Barbón, a intervenir en él. La valoración y las explicaciones del presidente no pueden hurtarse al plenario de la Junta. Se compadece mal con el respeto parlamentario y la transparencia, negarse a intervenir ante los diputados en el asunto más importante para las instituciones autonómicas, encargadas de gestionar los servicios públicos, razón de ser del modelo de financiación autonómica.

No se puede hacer gala de parlamentarismo, quedando sentado y en silencio, cuando se polemiza sobre la forma y el fondo de los recursos que debe exigir el Gobierno regional al Estado. El pleno extraordinario, solicitado por el PP y Foro, no debe verse como una baza de la oposición para hurgar en las debilidades del Gobierno, sino como una ocasión única para intentar forjar una gran alianza en defensa de los intereses de Asturias. En 2021 se supo alcanzar el consenso en la Cámara autonómica en torno a un sistema de financiación que protegía a los ciudadanos. Ahora, que toca enfrentarse con un modelo muy lesivo para la región, se renuncia al amplio acuerdo entre grupos parlamentarios. Eso es lo que hay que sobreentender de la decisión del presidente de inhibirse en el debate.

Desde que Montero presentó su propuesta de reparto de recursos, Barbón guardó silencio. Sólo en un acto convocado en Presidencia del Gobierno para colgar el retrato del expresidente Álvarez Areces, pronunció unas palabras: «Es una negociación dura, posiblemente la más difícil que hayamos afrontado; se basa en una premisa: lealtad con Asturias siempre». Eso es todo lo que sabemos. Una valoración sobre las dificultades de una posible negociación, sin referirse a la sustancia del asunto.

A falta de conocer de viva voz la opinión del secretario general del partido (Adrián Barbón), la Federación Socialista Asturiana (FSA) emitió un comunicado que pide modificar el modelo de financiación, aunque se alegra de que la nueva propuesta «no incluya un sistema de cupo para ninguna comunidad». Vamos a tener que dar gracias al Ministerio de Hacienda por no ampliar la excepcionalidad vasca. El pleno del día 30 encierra el peligro de asumir compromisos que impidan flexibilizar posturas en la negociación bilateral. Toca rebajar la importancia de la sesión, para ello nada mejor que el presidente ceda todo el protagonismo a Peláez.