Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, ha manifestado el «no rotundo» del Principado a la reforma del sistema de financiación autonómica, presentado por la ministra, María Jesús Montero. La razón principal del rechazo estriba en que «no incluye garantías de sostenibilidad para la prestación de servicios públicos en Asturias». También lo expresó de una forma más sencilla al asegurar que con la propuesta de Montero «Asturias pierde». Peláez concretó en qué consistía la pérdida: el descenso de la valoración del envejecimiento de la población en el modelo de financiación con respecto al actual. Estamos por encima de la media en población ajustada (población ponderada por variables como el envejecimiento o la dispersión), 108%, y con el modelo de Montero bajamos al 95%. Quedamos sensiblemente por debajo de la media de las regiones. En ello se basa el consejero para afirmar que no hay garantías de sostenibilidad. Hasta aquí, de acuerdo en todo.

Peláez dice que el Principado acepta la ventana de oportunidad que le ofrece el Gobierno para mejorar la posición de Asturias con la negociación bilateral. No es de recibo que critiquemos con dureza la negociación bilateral entre el Gobierno de Sánchez y la Generalitat catalana, y cuando la ministra ofrece un trato bilateral al Principado nos pongamos a aplaudir. Peláez incurre en contradicción insuperable cuando señala la Declaración de Santiago (acuerdo de ocho comunidades autónomas sobre financiación) como referencia para negociar y en ese documento consta el rechazo a los acuerdos bilaterales.

El consejero afirma que no busca en la negociación un fondo extra para el Principado, o la transferencia de una determinada cantidad de recursos, porque lo que pretende es incluir los intereses de Asturias en el modelo. Planteada así la cuestión, el Principado firmaría la propuesta de Montero si se ponderan al alza algunos factores como el envejecimiento, la dispersión de la población o la orografía.

Me parece una visión de muy corto alcance. Cataluña tiene un trato privilegiado (por cierto, Peláez cita entre las comunidades más beneficiadas a Andalucía, Valencia, Murcia y Baleares, olvidándose de Cataluña) por la forma de negociar y los millones de más que le transfiere el Estado. El Principado no puede avalar la desigualdad. El consejero está mentalizado para repetir la operación de la quita de la deuda, pero esto es distinto y más grave.