El nuevo modelo de financiación autonómica, presentado por la vicepresidenta María Jesús Montero, obliga a definirse a los partidos políticos asturianos.
La semana empezó con una reunión del Consejo de Gobierno, donde se ratificó el rechazo a la propuesta de Montero. El consejero de Hacienda, una vez satisfecho «un compromiso personal con mi familia», volvió a llevar las riendas del debate sobre la financiación de la comunidad autónoma. Lo más importante: quiere aprovechar la «ventana de oportunidad» que ofrece el Ministerio de Hacienda para negociar de forma bilateral mejoras en el modelo que tengan en cuenta los intereses de Asturias.
El portavoz del Gobierno anuncia que el Principado, por primera vez en la etapa autonómica, asume la negociación bilateral con el Gobierno de España. Unos días más tarde, el presidente Barbón añadiría que la negociación se va a llevar «con discreción». Queda perfectamente delimitada la ceremonia: será opaca (nadie sabrá si empieza o si acaba, si rechazó el Principado propuestas, si el Ministerio de Hacienda puso límites a los afanes asturianos, etc.). Para decirlo de una forma más simple: el Principado asume la fórmula que emplea Cataluña desde hace muchos años para obtener ventajas. La diferencia es que los catalanes van en posición de fuerza, mientras nosotros carecemos de recursos para presionar.
Concreto
Al descender a los asuntos concretos, Peláez sacó a relucir lo que ya reivindicaban sus predecesores hace 17 años: el envejecimiento, la dispersión de la población y la orografía. Si puntúan más esos factores en el sistema el Principado votará afirmativamente, en caso concreto se enrocará en el rechazo. Al menos, eso es lo que afirman.
Con la mejora de nuestros aspectos más vulnerables se puede evitar el sonrojo de perder capacidad de gasto por habitante en relación a la mayoría de las regiones –eso es lo que nos propone la ministra–, pero de ningún modo se podrá garantizar la prestación de servicios públicos en plano de igualdad en todo el territorio, como propone Peláez.
La financiación autonómica es una materia muy dúctil para la demagogia. Mientras Cataluña reciba 507 euros más por habitante, no habrá forma de equilibrar el modelo, a no ser que se haga una requisa de los recursos madrileños y el Estado abandone sus compromisos de revalorización automática de las pensiones.
La opción que presenta Peláez abre las puertas a un acuerdo con el Gobierno de Sánchez, evitando que la FSA tenga problemas con Moncloa (hace unos años hubiera escrito ‘Ferraz’), pero en modo alguno aporta seguridad para los intereses asturianos.
Con la aceptación de la bilateralidad se garantiza el nuevo estatus de Cataluña (única región que se rige por el principio de ordinalidad). El abandono de la multilateralidad es la renuncia a la igualdad entre los territorios. Eso es mucho más grave que tener punto y medio más o menos en la valoración del envejecimiento.
La aceptación de la bilateralidad cambia las coordenadas con las que siempre hizo política territorial el PSOE asturiano. Basta ver la desorientación de Peláez cuando se atreve a decir a los populares que tengan una actitud constructiva con el modelo de Montero, ya que con él salen ganando las regiones de su partido, como Valencia, Andalucía, Murcia o Baleares. Ya se ve lo mentalizado que está para combatir el sistema de Montero.
El martes hubo una reunión de Gimena Llamedo con los portavoces de los partidos, con la excepción de Vox, al estar excluido por el PSOE de los contactos entre grupos, aunque es el tercer partido con más escaños en el Parlamento. Me pareció muy ilustrativo el debate para conocer cómo está el patio.
Portavoces
Luis Venta (PP) rechazó que el Gobierno asturiano negocie con Montero la reforma de la financiación autonómica, porque resulta lesiva tanto por las formas como por el fondo: «un mal acuerdo desde el inicio no puede resultar un buen acuerdo final». Adrián Pumares (Foro) asume que la reforma «nace de la peor manera», pero considera que el Principado tiene obligación de trasladar sus propuestas a Montero. Es consciente de que el modelo es bilateral y que está diseñado a la medida de Cataluña, pero cómo va a renunciar a enviar enmiendas. Es el típico diputado del Grupo Mixto, sabedor de su impotencia (trabaja en solitario), se conforma con mandarle sugerencias a la reina del cotarro. La fe le salve.
Laura Tuero, asesora o colaboradora de Covadonga Tomé, va a trasladar las propuestas del grupo (Somos Asturies) al Principado para que las incorpore a la negociación. Pide al Gobierno regional «mucha firmeza» para poder trabajar de forma «consensuada y seria» con el Gobierno central dentro de la negociación bilateral. Es una pena que no hubiera hecho estas afirmaciones hace veinte días porque podríamos calificarlas de carta a los Reyes Magos, pero en plena cuesta de enero me dejan sin argumentos. Construyamos un mundo feliz para que el discurso de Tuero sea plausible en las instituciones. Xabel Vegas (IU-Convocatoria) apostó por «sentarse a pelear en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y con el Ministerio de Hacienda todo lo relativo a Asturias y al coste de los servicios». Vegas me lo pone más difícil todavía. ¿Pelear en el CPFF? ¿No se enteró de que Barbón habla de una negociación «muy dura» en formato bilateral? ¿Está despistado o es el resultado de representar a varias siglas?