La actividad política ha girado esta semana en torno al carbón, con el protagonismo de los trabajadores de la mina Miura en su marcha de Ibias a Oviedo, entrevistándose con el presidente del Principado, el consejero de Industria y los portavoces de los grupos parlamentarios. Ovidio Zapico, líder de IU, aprovechó el retorno del carbón a la actualidad política para renovar la vieja pretensión de su partido de nacionalizar las explotaciones mineras. La mera formulación de su deseo le sirvió para entrar en sintonía con el SOMA.

En el Parlamento, Álvaro Queipo y Covadonga Tomé arrinconaron a Adrián Barbón en el debate sobre responsabilidades políticas en el ‘caso Cerredo’. El presidente las negaba con el peregrino argumento de no aceptar la atribución de responsabilidades cuasi penales sin pruebas materiales, confundiendo interesadamente imputaciones penales con responsabilidades políticas.

La semana terminó con un rotundo apoyo de IU a incluir la responsabilidad patrimonial del Principado en el dictamen de la comisión de investigación parlamentaria. Para que no hubiera dudas, afirmaron que hay «una relación de causalidad, si no inmediata, sí mediata, ente el funcionamiento del Servicio de Minas y el fallecimiento de los trabajadores». Ahí queda eso.

Los cuatro mineros de Miura tal vez logren su reivindicación de cobrar los salarios atrasados, pero me parece difícil que alcancen su objetivo de normalizar la actividad minera. Tras las entrevistas con Barbón y Borja Sánchez, los trabajadores salen con respaldo político e institucional, pero sin soluciones plausibles.

Desde el Principado insisten en que estudian alternativas para caducar la actual concesión minera y volver a sacarla a concurso. Los que crean en milagros que recen a su santo predilecto, pero en la mina Miura, propiedad de Carbones la Vega, hay tal marasmo de concesiones, teóricas ventas, grandes deudas, supuestos mediadores indeseables, inminentes decisiones judiciales, que el plan del Principado me parece un brindis al sol. Para complicarlo todo, sobre la mina Miura, como sobre la mina de Cerredo, sobrevuela la omnipresente figura de Chus Mirantes, que obliga al Principado a contener la respiración.

La nacionalización siempre fue el último recurso de los sindicatos y los partidos de izquierda para mantener la actividad minera o industrial. El modelo a imitar es Hunosa, que se fundó sobre la quiebra de las explotaciones y en 59 años de existencia siempre obtuvo pérdidas. La gestión de Hunosa era tan perversa que en los años en que hubo largas huelgas las pérdidas disminuían, porque se ahorraba en sueldos. La sostenibilidad de la empresa se basaba en tener la tesorería conectada con los Presupuestos Generales del Estado que borraban los números rojos.

Lo que plantea Ovidio Zapico es integrar los yacimientos del occidente en Hunosa. Lo expresó sin complejos: «Que cualquier explotación minera pase al control público bajo el paraguas de Hunosa y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) me encaja perfectamente; no me genera ningún problema». A la izquierda radical nunca le preocupan las pérdidas de los entes públicos, porque lo soluciona elevando los impuestos y emitiendo deuda.

No quieren las universidades privadas, el hospital Quirón, los parques de baterías, la energía eólica marina, los hipermercados, etc. La resurrección de Hunosa para la economía asturiana sería algo parecido a recuperar los planes de desarrollo de Laureano López Rodó. ¿Cómo se pueden llamar progresistas los portadores de proyectos tan desfasados? A no ser que ocurra algo inesperado, el dictamen de la comisión de investigación parlamentaria va a recoger la censura a los exconsejeros de Industria por su gestión en el ‘caso Cerredo’. Y es muy probable que incluya la responsabilidad patrimonial del Principado por su gestión en la mina.

De ser así, Adrián Barbón y el grupo parlamentario socialista saldrán debilitados de la controversia. A IU le sucedería lo contrario, porque tras un mandato asumiendo todos los posicionamientos socialistas, el debate sobre las responsabilidades políticas le permite marcar distancias y adquirir una imagen de independencia que le beneficiará en las elecciones autonómicas del próximo año.

Algo parecido cabe decir de Covadonga Tomé, al ganar credibilidad con un dictamen riguroso, ajeno a los cambalaches, que no esperaban los socialistas. La batalla del carbón hace de parteaguas del mandato.