Los días pasados fueron agitados para los desperdicios, el reciclaje, las plantas de tratamiento y el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), en particular. Este periódico dio a conocer que el Ministerio para la Transición Ecológica ha pergeñado un informe, ‘Hoja de ruta para la gestión de los residuos municipales a 2035’, en el que plantea que trece comunidades autónomas, entre ellas Asturias, deben dotarse de incineradoras de nueva generación en los próximos tres años.

Esta medida nunca antes había sido propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica (la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, antes ministra para la Transición y vicepresidenta del Gobierno, las situaba como último recurso para el tratamiento de residuos y les adosó un impuesto para desincentivar su uso). Por qué su discípula, Sara Aagesen, ministra del ramo ¿propone incineradoras por todo el territorio? Tanto España, como la mayoría de las regiones, incumplen los objetivos de reciclaje de la Unión Europea, haciéndose merecedores de sanciones económicas. Como la política medioambiental de la UE va a crecer en exigencias, las incineradoras pueden ser la respuesta adecuada para salir del círculo vicioso, incumplimiento-multa. Con unos pocos datos se observa mejor.

En 2035 el 50% de los desperdicios de los ciudadanos deberán ir a contenedores de recogida separada; el 65% de la basura tendrá que ser reciclada y dispuesta a reutilizar. En cuanto al vertedero, no deberá recibir más del 10% de las inmundicias. En Asturias se deja en los contenedores de recogida separada el 27,8% de los desperdicios (muy lejos del 50% que nos van a exigir), pero el gran incumplimiento está en el vertedero: sumando lo que recibe directamente y los desechos de otras plantas de Cogersa nos encontramos con que el 75,6% de los residuos urbanos terminan su viaje circular en el vertedero de Serín. Las cifras acaban con la demagogia. La política de residuos en Asturias (es posible que en el resto de regiones ocurra algo parecido) es un absoluto fracaso. Por eso, la ecologista, Sara Aagessen, recurre con toda urgencia a repartir incineradoras por las comunidades autónomas.

Para la izquierda radical es más repulsivo el nombre de incineradora que mostrar un diente de ajo a un vampiro. Delia Campomanes (IU) anunció «el rechazo y la oposición frontal» a las incineradoras. Dijo que «estamos hartos de que el debate de la incineración se anteponga al debate de la gestión de residuos». Dejando a un lado las ideologías, no tiene razón la diputada en su apreciación: las incineradoras salen a escena cuando ha fracasado la gestión de residuos del Principado. Después de bellos discursos nos encontramos con que la pieza central en el modelo de tratamiento de Cogersa sigue siendo el vertedero, que ya colmatado se eleva con la técnica del recrecido en altura, esculpiendo cordilleras de desperdicios y amenazantes taludes.

El modelo de Cogersa hace aguas, porque la gran inversión en la planta de basura bruta ha quedado devaluada, por dos razones. En el sistema de valoración que el Ministerio para la Transición Ecológica va a implantar, los restos de la planta de basura bruta (bioestabilizado y combustible sólido recuperado) no participan en el cómputo del material reciclado ni en la nueva definición de residuo municipal. La segunda razón es más conocida: las 150.000 toneladas de combustible sólido recuperado (CSR) no tienen destino. Cogersa ofreció pagar 100 euros por cada tonelada que las industrias retirasen o quemasen, pero no hubo trato. La futura incineradora servirá para quemar las 150.000 toneladas de combustible sólido, producto de la planta de basura bruta.

Dice el consejero de Medio Ambiente, Alejandro Calvo, que en los últimos años Cogersa ha vivido «determinados episodios que han generado un daño reputacional». Se refiere, sin nombrar, al incendio en la planta de basura bruta, la ausencia de seguros para cubrir ese riesgo, al contrato de los minipuntos limpios, donde en la licitación se pedía un diseño idéntico al de uno de los aspirantes.

Yo creo que el daño reputacional lo inflige estar dos años, en estas circunstancias, sin un plan de residuos, apostar por una planta de basura bruta que deja residuos sin tratamiento o rechazar durante quince años la incineradora que la ministra ecologista les va a obligar a comprar. Cogersa: monopolio de basuras, limpieza en la gestión.