El Principado recibirá 4.500 millones de euros del Estado. El dinero proviene del sistema de financiación autonómica. Supone un incremento del 8% con respecto al anterior ejercicio. La cifra marca un nuevo récord, producto de la gran recaudación fiscal, alimentada tanto por el crecimiento del empleo y el mantenimiento del consumo, como por el rechazo a deflactar el IRPF.

La noticia, objetivamente positiva para Asturias, no ha sido recibida con euforia por el Ejecutivo regional, porque el Gobierno ha elevado el límite de la regla de gasto un 4%. En el Principado lamentan que del incremento de los ingresos (8%) solo pueda repercutir en el presupuesto (sanidad, educación, servicios sociales, etc.) la mitad, porque la regla de gasto impide superar el 4%. Al finalizar el ejercicio habrá un excedente que el Gobierno regional sólo podrá destinar a disminuir el endeudamiento. El consejero de Hacienda quería aprovechar el aumento de los recursos para reforzar el Estado del Bienestar y avanzar en la transformación del modelo productivo, pero la regla de gasto se lo impide. ¿Qué decir de todo esto?

El Principado es reincidente en incumplir la regla de gasto (la citada regla dice que el aumento del gasto no puede superar el crecimiento del PIB a medio plazo). En el año 2024 superó el límite permitido en 333 millones. Fue amonestado y obligado a realizar un ajuste. En 2025, volvió a excederse en 81 millones, lo que le obliga a presentar un nuevo Plan Económico-Financiero para el ejercicio 2026-2027.

De continuar los incumplimientos el Ministerio de Hacienda podría intervenir las cuentas regionales, aunque en la actual situación política sería una medida de imposible implementación (Gobierno socialista de Sánchez tomando el control de la gestión del Gobierno socialista de Barbón).

El Principado mantiene la tesis de que la actual regla de gasto es una mercancía obsoleta, aprobada en 2011, en una situación económica muy distinta. Pide que dicha norma se adapte a la actual legislación europea, modificada hace dos años. Está muy bien hacer recomendaciones, pero mientras las leyes no cambien hay que acatarlas. No es de recibo incumplir reiteradamente una norma con el argumento de que está desfasada.

Es muy fácil gastar todo lo que se tiene y si aumenta la deuda se le pide al Gobierno que asuma una quita de pasivos. Como se hizo el año pasado: el Estado asumió 83.252 millones que debían los gobiernos regionales. Una decisión protectora que solo se tiene con menores de edad.