HACIA EL DISPARATE
Mañana se reunirá el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para decidir sobre el nuevo modelo de financiación autonómica presentado el pasado mes de enero por el Ministerio de Hacienda. El Gobierno optó por realizar una ronda de encuentros bilaterales con las comunidades autónomas, pero los territorios gobernados por el PP rechazaron participar en cualquier negociación fuera del CPFF. De las comunidades restantes, Asturias y Castilla-La Mancha rechazaron el modelo por considerar que no se adecuaba a las necesidades de sus regiones, mientras Cataluña daba el visto bueno al texto que había sido negociado por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras.
A no ser que el Ministerio de Hacienda introduzca novedades sustanciales en el modelo, el Principado votará ‘no’ porque difiere en la forma de calcular el coste de la prestación de servicios (sanidad, educación, servicios sociales). Tampoco está de acuerdo con dos fondos diseñados por el Gobierno (Cambio Climático y Mecanismo IVA Pymes), al carecer de cualquier relación con la prestación de servicios. Pese a las discrepancias, el Principado exigirá que el fondo que garantiza a las comunidades autónomas no quedar por debajo de la media de financiación de las regiones se integre en el modelo de financiación. Dudo que esta última petición del Principado sea aceptada por el Ministerio de Hacienda, ya que el modelo no se acepta o rechaza a trozos, sino en conjunto.
Me llama poderosamente la atención que el presidente Barbón y el consejero de Hacienda Guillermo Peláez pasen de puntillas sobre la introducción del principio de ordinalidad en el sistema, principal exigencia catalana que la Generalitat consideró innegociable. Una cláusula que eleva la financiación de Cataluña y perjudica a Asturias. El Principio de ordinalidad rompe los mecanismos de cohesión que siempre tuvo el modelo de financiación desde los años ochenta del pasado siglo.
Las comunidades gobernadas por el PP mandaron una carta al ministro, Arcadi España, para que aplace la reunión hasta el mes de septiembre al no contar con información suficiente. Critican que se apruebe de forma apresurada un modelo de financiación que sólo se ha pactado con una parte (Cataluña). Todavía el pasado viernes envió el Gobierno documentación sobre el nuevo modelo a las comunidades autónomas. Todo indica que no habrá cambios y se aprobará el modelo con el único apoyo de un gobierno autonómico (Generalitat). Un disparate que invalida políticamente el nuevo modelo.