El Principado garantiza el cobro de la renta de una vivienda y el pago de los desperfectos habidos durante el tiempo de contrato. Una medida largamente esperada que hace muchos años se ensayó en algunas regiones, como el País Vasco. Una forma efectiva de intentar paliar desde la Administración autonómica el error cometido por el Gobierno al aprobar una Ley de Vivienda que amplía los derechos de los arrendatarios a costa de los recursos de los propietarios. Una ley tan social, tan progresista, que disparó el precio de los alquileres, porque un sector importante de los arrendadores retiró sus pisos del mercado, haciendo que muchos demandantes no encontraran una vivienda para alquilar. Con la Ley de Vivienda se acaban los desahucios, un objetivo muy loable. El problema es el método diseñado por el Gobierno para evitar los desahucios: si el inquilino se declara vulnerable, se mantiene hasta el final del contrato ocupando la vivienda sin pagar un euro; finalizado el contrato, si opta por marcharse, no habrá contraído ninguna deuda. Dicho de otra manera: el Gobierno de Pedro Sánchez hace política social con la vivienda a costa de los propietarios, que soportan el coste de la operación de tener cinco años un piso ocupado sin recibir un euro y haciendo frente al coste de los suministros (agua, electricidad, etc.). El Gobierno impone deberes al propietario y se lava las manos.

El Principado anuncia ahora que con sus recursos garantizará al propietario el cobro de la renta. Igualmente, le asegura que hará frente a los desperfectos que haya causado el inquilino durante su estancia en la vivienda ¿Problema solucionado?

Por desgracia, no. Para aplicar la fórmula propuesta los propietarios deben acogerse a un programa que tiene un solo requisito: la renta del inmueble debe ser «sensiblemente más baja que la del mercado». Que sea «un precio asequible». ¿Asequible para quién? ¿Para el inquilino que se declara insolvente? ¿Para el Principado, que tiene más de 6.000 millones de euros en el presupuesto anual? El Principado no garantiza el pago de la renta, sino que obliga al dueño del inmueble a aceptar como renta una cantidad muy pequeña de dinero, de tal forma que el Gobierno asturiano aparecerá como gran benefactor de un programa de vivienda que se financia con las renuncias de los propietarios. Si usted tenía un piso alquilado por 600 euros, en los próximos cinco años tendrá garantizado el cobro de la renta si la deja en 300 euros. ¿Les parece normal? Seamos serios, por favor.