La vivienda es el único problema real en el debate político español, colonizado, como está, por discursos ideológicos. Es un bien concreto que necesitan usar todos los ciudadanos y, en la actualidad, no es accesible para millones de personas que viven en casas de padres, abuelos y hermanos, o comparten su uso con desconocidos.

La cumbre del PP en Colunga giró en torno a las medidas sobre el acceso a la vivienda. No hubo ninguna propuesta rimbombante, pero, quizás por eso, resultó más creíble. Lo más destacado en los medios fue la rebaja, en las once comunidades gobernadas por el PP, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, fijándolo en el 4%. En la actualidad se mueve entre el 6% de Madrid y el 13% de Baleares.

Hay otras tres medidas que, si se llevan a cabo, todavía serán más importantes para anular el exceso de demanda, causa del fuerte crecimiento del precio de los inmuebles. Veamos. La liberación del suelo municipal y autonómico para construir vivienda de protección oficial (probablemente sea la manera más firme de garantizar que crecerá la oferta de vivienda barata); proteger a los propietarios con seguros de impago (el Gobierno de Pedro Sánchez propone algo similar, pero existen dos diferencias: en el caso del PP el propietario no ve limitado el precio del alquiler para protegerse de impagos, y el seguro es privado, mientras que los socialistas ponen a la Administración como garante); la ampliación a cuarenta años del límite para acceder a avales hipotecarios (es obvia la ventaja de alargar el plazo).

Veinticuatro horas más tarde, Pedro Sánchez clausuró el foro, ‘Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar’, donde expuso su programa para solucionar los problemas del mercado de la vivienda. La más atractiva es la exención fiscal del 100% en el IRPF para viviendas alquiladas según índices de referencia. La propuesta sería redonda sin los ‘índices de referencia’, de forma que habrá que esperar a la letra pequeña. La mayor diferencia entre los enfoques del PP y del PSOE reside en la tendencia socialista a creer que las cosas se solucionan con medidas obstaculizadoras o coercitivas. Dos ejemplos. Se va a limitar la compra de viviendas a ciudadanos extracomunitarios que no residan en nuestro país. La propuesta está hecha pensando en los británicos, que son los extranjeros con mayores propiedades en España. Otra: crear un fondo para que autonomías y ayuntamientos refuercen las inspecciones sobre la legalidad de las viviendas de uso turístico. Qué obsesión.