El acceso a la vivienda se ha convertido en un quebradero de cabeza para los ciudadanos al elevarse el precio de las ventas y de los alquileres. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Asturias, en el último cuatrimestre de 2024, el precio de venta de los pisos ha experimentado una subida del 11,7%, cuatro décimas por encima de la media nacional. En todas las comunidades autónomas se registraron alzas, siendo más acusadas en Andalucía (13,4%) y menos en Baleares (8,6%). El precio de la vivienda de primera mano subió un 12,1% en nuestra región, cuatro décimas más que la de segunda mano. En el conjunto de 2024 el incremento de los precios fue el segundo más elevado desde 2007, cuando se inició la crisis financiera. La subida de los precios no fue obstáculo para la venta de inmuebles. Al contrario, la cifra de compraventas creció un 18,6% en Asturias. El cuarto mayor aumento, por detrás de Galicia, La Rioja y Castilla-La Mancha.

Los precios se disparan y cada vez se venden más pisos. Es un comportamiento anómalo que la subida del precio tenga como respuesta la expansión de la demanda. Debería ser al revés: cuando se elevan los precios (de cualquier bien) las compras se enfrían. Nada desanima más a un consumidor que el aumento del precio del bien que desea. La situación es anómala porque ante la escasez de la oferta (pocos inmuebles en el mercado), los ciudadanos interpretan que la subida de los precios es imparable y, entonces, la demanda se nutre de personas y empresas que compran pisos, no para habitarlos o alquilarlos, sino como inversión para obtener beneficios a corto plazo. No les interesa la utilidad de la vivienda, sino la plusvalía que obtendrán de ella. Ese es el mecanismo especulativo en que se mueve nuestro mercado de la vivienda.

Paloma Martín, responsable nacional del PP para la cuestión de la vivienda, vino a Asturias para presentar la alternativa de su partido. Señaló que desde la llegada de Pedro Sánchez al poder el precio de venta se elevó un 37% y el alquiler el 41%. Informó que hay 80.000 viviendas habitadas por okupas y 25.000 por inquilinos que dejaron de pagar el alquiler. Un caso de inseguridad jurídica de libro. El PP propone construir muchas más viviendas, obligando a las Administraciones públicas a poner suelo baldío en manos de los promotores. La reducción de la carga fiscal también está en el plan, como el blindaje de los planes de urbanismo. La vivienda es el tema más espinoso para la sociedad y donde la izquierda y la derecha están más alejadas.