Desde que Pedro Sánchez empezó a buscar apoyos para superar la sesión de investidura, octubre de 2023, la política nacional va de sorpresa en sorpresa. Todas ellas dolorosas, por la ideología y la práctica política de sus aliados y por las concesiones que les hace el presidente. A estas alturas, el pasado año, estábamos digiriendo la amnistía, una operación de olvido para más de mil delincuentes que quedaron rehabilitados, como si el Tribunal Supremo fuera un órgano tendencioso, sectario, incapaz de aplicar rectamente la ley.

Al empezar el pasado verano se produjo otra ‘operación investidura’, en este caso de Salvador Illa, que trajo consigo un nuevo destrozo para las instituciones al conceder Sánchez todo lo que le pedía ERC: transferencia de la red de trenes de cercanías (Rodalies), quita del 20% de la deuda de la Generalitat con el Estado y, lo peor de todo, la soberanía fiscal de Cataluña. En materia de financiación, en la Constitución se concedió la excepción vasca y navarra, enorme error en un tiempo en que ETA se acercaba a la media de dos asesinatos por semana. No se había vuelto a tocar el sistema. La novedad, consensuada entre la Moncloa y ERC, es mucho más dañina que la excepción vasca, porque el privilegio fiscal se le

otorga a una región que representa casi el 20% del PIB de España, de modo que el modelo de financiación autonómica queda totalmente descompensado. Es imposible practicar la solidaridad con una sola región ‘donante’ de dinero: Madrid. Es muy grave que los asturianos sólo podamos quedarnos con el 50% de la recaudación del IRPF y del IVA, y que los catalanes se lleven el 100%. No digo nada del Impuesto de Sociedades: cero para los asturianos, cien para los catalanes. O de los impuestos sobre el tabaco, los hidrocarburos y el alcohol. La Agencia Tributaria se marchará de Cataluña y contarán con una Agencia Tributaria propia. Una enorme grieta para la evasión fiscal.

Para dar un paso más en la ruta fijada por Jordi Pujol en los años ochenta, consistente en expulsar el Estado de Cataluña (manera astuta de independizarse de España), Puigdemont exigió las competencias sobre inmigración que corresponden al Estado. El acuerdo está hecho en clave de establecer cautelas ante un peligro (inmigrantes que no hablan catalán ni está entre sus previsiones): «Evitar posibles efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social».

Deberían haber puesto, riesgo para el «uniformismo social».

En el texto se habla de «proteger la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua y su cultura». Hay que evitar la contaminación con los indeseables.

Puertos, aeropuertos y fronteras serán para los Mossos de E’squadra, como los centros de extranjeros y las devoluciones en caliente. Cerrarán la puerta al senegalés que va a Barcelona en busca de trabajo.

El Gobierno pone el acento en la delegación de la competencia, manteniendo el Estado la titularidad, pero no cambia nada. También la ley habla de una educación bilingüe y, en la práctica, sólo el catalán es lengua vehicular. El Marlaska de turno mirará para otro lado y los Mossos sabrán vetar a los inmigrantes que no cumplan con los requisitos del nacionalismo radical.

Principado
Racismo, duramente condenado por García-Page, sin que el Principado haga la más pequeña crítica. El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez: «Es una propuesta que debemos estudiar con rigor y con tiempo», «los órganos oportunos lo aclararán». La última vez que el Principado se mostró crítico con el Gobierno central fue en marzo del pasado año, con la estafa del vial de Jove. Desde entonces tragó carros y carretas, con Cataluña siempre en el medio de las cuestiones controvertidas.

Son incapaces de cuestionar el estatus de soberanía fiscal de Cataluña, y están contentos con la quita de deuda concedida a la región, muy inferior a la otorgada a la Generalitat. A base de silencios y de esquivar polémicas colabora el Principado en la implantación de un Estado de las Autonomías asimétrico. El modelo de Sánchez: ayuda a vender Talgo al País Vasco y financia generosamente la transferencia de los trenes de cercanías a Cataluña, mientras en Asturias seguimos con el viejo ‘tren de madera’ que cantaba Víctor Manuel hace más de cincuenta años.

Esquina
En Asturias damos la vuelta a los temas de siempre, sin darnos cuenta de que la historia dobló una esquina con la estrategia de Trump de abandonar a Europa a su suerte. La prioridad son las armas, quién lo iba a decir. Todos los aliados de Sánchez, excepto el PNV, dispuestos a practicar el pacifismo de salón, que consiste en poner pose de indignación cuando está el frente de guerra a 3.644 kilómetros (distancia Madrid-Kiev).

La legislatura está siendo un calvario para Sánchez, con unos socios que exprimen al Gobierno, convencidos de que están ante el «ahora o nunca». La situación se complica con la tensión internacional. Hay que hacer un gasto militar de más de 36.000 millones, sin dejar de incrementar las pensiones, financiar a las comunidades autónomas y mantener las últimas prestaciones del Estado del Bienestar, entre las que está el tren gratis para todo el mundo en viajes de cercanías y media distancia, así como los traslados en autobús.

Una situación atípica, casi de fin de ciclo democrático (otros dicen de fin de era), sin que tengamos ninguna certeza sobre lo que va ocurrir mañana.