En los primeros años de la década de los noventa, del pasado siglo, los gobiernos empezaron a redactar planes de infraestructuras, de carácter nacional, que se sometían a aprobación parlamentaria. Los compromisos sobre autovías, líneas ferroviarias, puertos y aeropuertos eran conocidos por todos, siendo materia de controversia, en especial en Asturias, porque siempre fue el gran déficit de la región, señalado ya por Jovellanos. La construcción de las infraestructuras de transporte se hace a la vista del público, que pronto juzga la rapidez o lentitud de los trabajos y detecta cuando las obras están paradas. Y lo más importante, en los planes de infraestructuras había compromisos temporales, lo que servía para denunciar los incumplimientos, bien sea en las cámaras legislativas, en medios de comunicación o tertulia ciudadana.

El primer plan fue el liderado por el ministro Borrell, de 1993 a 2007, luego vino el plan de Álvarez Salgado y Álvarez-Cascos, de 2000 a 2007. Los sucesivos gobiernos presentaron su plan hasta llegar al último, 2012-2024, siendo Ana Pastor y Rafale Catalá, autores del mismo. El Gobierno de Pedro Sánchez no ha presentado ninguno y desde hace un año las infraestructuras de transporte carecen de plan. No sabemos cuáles son las prioridades del Gobierno ni los recursos que se van a gastar. Por falta de estabilidad parlamentaria, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez solo trabaja en el corto o muy corto plazo. No está en condiciones de presentar proyectos que tenga una validez de ocho, diez o doce años.

El Plan de infraestructuras, 2012-2024, finalizó sin haber iniciado la mitad de las obras. De las 14 actuaciones que contenía, sólo dos finalizaron (autovía del Cantábrico, variante de Pajares), siete quedaron sin estrenar y las cinco restantes presentan algún grado de ejecución. La más importante de estas es el Plan de Cercanías, 2017-2025, que ha sido reestructurado y elevado su presupuesto a los 1.500 millones. Lo más positivo que se puede decir del proyecto sobre las cercanías ferroviarias es que «están trabajando». Nadie aventura una fecha sobre su finalización, aunque de manera informal se transmite que será bastante más allá de 2030.

El balance es desolador. El último plan tenía doce años, los seis primeros con gobiernos del PP y los seis últimos del PSOE. Con ninguno de ellos las necesidades de Asturias formaron parte de sus prioridades. Y para el futuro se trabaja sin plan. Ante esta situación no hay resquicio para el optimismo.