La condena de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por un delito de revelación de secretos, ha provocado un aumento de la tensión entre los dos bloques en que están divididas las instituciones y una parte importante de la sociedad española. Se ha reiterado hasta la saciedad que era la primera vez que el más cualificado representante del Ministerio Fiscal, encargado de promover la acción de la justicia, la defensa de la legalidad y del interés público, así como proteger los derechos de los ciudadanos, se veía incurso en una causa penal, pero aun así, todo hubiese sido menos traumático si García Ortiz hubiera sido acusado por revelar secretos de cualquier persona alejada de la política, pero el ciudadano que pidió amparo a la justicia es Amador González, pareja de Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, y principal blanco de los ataques de la izquierda. De manera explícita el juicio versaba sobre la implicación del fiscal general en una operación política de altos vuelos que tenía como objetivo dañar el prestigio de Ayuso.

García Ortiz contó hasta el final con el apoyo del presidente del Gobierno, que tuvo el arrojo de anticipar el veredicto judicial (inocente) basándose en una interpretación personal del desarrollo de las sesiones del juicio oral. La condena por inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de dos años lo aparta definitivamente del puesto que ocupa desde agosto de 2022 y erosiona la imagen del Gobierno.

La primera reacción a la condena ha sido el ataque al Tribunal Supremo por aquellos que deberían mostrarse, al menos, neutrales, como el grupo parlamentario de Sumar que habla de «golpe judicial en toda regla» o «combate político contra el Gobierno». Irene Montero (Podemos) ha dicho que el fallo judicial es «puro golpismo». Los dirigentes socialistas tampoco se muestran comedidos: «La sentencia es una auténtica vergüenza» (Patxi López). En los últimos ochenta y cinco años nunca la clase política se atrevió a utilizar la piqueta de una forma tan descarada para cargarse al tercer poder del Estado.

Sólo ha transcurrido la mitad de esta legislatura y todo motivo es válido para tensionar la vida política y cuestionar las instituciones. Qué lejos quedan los viejos consensos. La agenda oficial ofrece a corto plazo más motivos para la discordia: en febrero empezará el juicio contra el hermano de Sánchez. Luego le tocará el turno a la esposa del presidente. Qué difícil será superar el Cabo de las Tormentas.