Si en la primera semana de 2026 tuvimos la sorpresa del año, con Maduro encadenado, en la segunda el Gobierno de Pedro Sánchez dio a conocer sus planes sobre la España autonómica, repartiendo dinero entre las regiones. Por fin, después de siete largos años de tejer y destejer el sudario, María Jesús Montero presentó el nuevo modelo de financiación autonómica.

Asistí atento, y con bolígrafo en mano, a la larga y accidentada perorata de la ministra de Hacienda, describiendo un modelo que es más importante por lo que oculta que por lo que muestra.

Empecemos por donde ella empezó: «El actual modelo duró 17 años por culpa del Partido Popular». En ese periodo el PP sólo gobernó seis años y medio, así que puestos a repartir culpas algo le tocará al PSOE y, en especial, al Ejecutivo de Pedro Sánchez que lleva siete años y medio en el poder, con María Jesús Montero como inamovible ministra de Hacienda.

Montero
La política sevillana alargó el prólogo para deshacer un equívoco: en el nuevo modelo «no hay agravio territorial porque todas las comunidades autónomas salen beneficiadas». Recordarán que el día anterior, Oriol Junqueras había pinchado el globo de la equidad diciendo que a Cataluña se le aplicaría el principio de ordinalidad y que su región o nación recibiría 4.700 millones más que con el actual modelo. Como Cataluña sale claramente beneficiada, Montero tenía el prurito de demostrar que todas las regiones también ganaban con el reparto de recursos. La argumentación no iba acorde con sus deseos: «Todas las comunidades tendrán más recursos que ahora». Si somos dos, y el otro gana 18 veces más que yo, no creo que por ganar un poco más me sienta beneficiado. Con el nuevo modelo, el incremento de recursos de Cataluña es 18 veces mayor que el de Asturias. Así que, si algún despistado o despistada nos da la enhorabuena, mejor mirar para otro lado.

Los partidos independentistas catalanes, inquietos por el avance de Alianza Catalana, el partido de Sílvia Orriols, sacan a relucir su narcisismo nacionalista y hacen ascos a la solidaridad interterritorial. Oriol Junqueras impuso el principio de la ordinalidad: si damos mucho, tenemos que recibir mucho. Cuánto más rica es una región, más recibe. La ordinalidad permea el nuevo modelo de financiación, pero María Jesús Montero la orilló en su perorata.

Como estamos hablando de dinero, si unos dejan de ponerlo, otros tendrán que hacerse cargo de la factura porque en Soria, Badajoz, Jaén, Huesca o Zamora no se pueden clausurar los quirófanos. Frente al abuso catalán está la solidaridad del Estado. ¿Quién, si no? Pues a mí me preocupa el Estado, porque sin él volveríamos a la España invertebrada de don José. Veamos.

Estado
En 2003, cuando las comunidades autónomas ya habían asumido las competencias en sanidad, educación y servicios sociales, el Estado transfería a las regiones el 33% del IRPF y el 35% del IVA. Con esos recursos gestionaban todas las comunidades, con excepción de las forales o feudales (País Vasco y Navarra) que se regían y rigen por las tablas de la Ley, ‘Jaungoikoa eta lege zaharra’ (Dios y la vieja ley). En el nuevo modelo de Sánchez y Montero, para que las autonomías gestionen la sanidad, educación y servicios sociales, hace falta transferirles el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA. Hace dos años, el sistema de financiación consumía 152.484 millones, el nuevo modelo consumirá 224.507 millones en 2027. Describo la secuencia: el Estado adelgaza, Cataluña engorda y el resto pide más.

Guillermo Peláez, consejero de Hacienda del Principado, fue el encargado de valorar el modelo de Sánchez y Montero. Dijo dos cosas: la reforma del modelo de financiación no es un contrato de adhesión, ni el resultado de una reunión previa (Sánchez-Junqueras); el Gobierno asturiano rechaza que el sistema incorpore el principio de ordinalidad. Todo correcto. Lo malo fue la coletilla: el consejero no quiere hacer juicios definitivos hasta conocer «la letra pequeña».

Hace diez meses, también necesitaba el Principado conocer la letra pequeña para posicionarse sobre la quita de deuda autonómica oficiada por Montero. Entonces cabía el beneficio de la duda, pero lo de ahora es mucho más grave, ya que Sánchez y Montero imponen un sistema desigual, que incorpora privilegios para los aliados parlamentarios y sus territorios. No se puede negociar el modelo con la ordinalidad pervirtiendo el reparto de recursos.

Oportunidades
El modelo está lleno de oportunidades para que Cataluña se enriquezca. Podrán sacar jugo del IVA de las pymes, quién lo iba a decir, y, también, obtener recursos para financiar el cuerpo de los Mossos d’Esquadra (17.000 agentes, casi la cuarta parte de los efectivos desplegados por la Policía Nacional en toda España). Unos patrullan por 32.000 kilómetros cuadrados y los otros por 500.000. Unos auxilian a ocho millones de personas, los otros a cuarenta y nueve millones. La Generalitat también sacará recursos del cambio climático, pero Asturias, Zamora u Orense no obtendrán réditos de los grandes incendios.

Por el bien de todos, deseo que este proyecto naufrague en el Congreso de los Diputados. Doy por hecho que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera le acabarán dando el plácet, por muy vergonzoso que resulte. No se puede aceptar la ordinalidad para Cataluña bajo ningún concepto.