Gimena Llamedo, vicepresidenta del Gobierno asturiano, ha realizado declaraciones sobre el nuevo modelo de financiación autonómica presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Llamedo manifestó que el Principado «no acepta un plato precocinado», propone «abrir un diálogo en pie de igualdad con todas las comunidades autónomas», quiere que el modelo de financiación «reconozca la singularidad de Asturias» y apuesta «por dar prioridad al valor de los servicios públicos sobre la capacidad fiscal de los territorios».

Un conjunto de declaraciones genéricas que se pueden compartir como premisas previas a entrar en la negociación, aunque admiten puntualizaciones. La forma de presentar el nuevo modelo, con la entrevista previa entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, es un desaire al resto de comunidades autónomas. Es la peor forma de abordar un asunto que siempre se ha aprobado por una mayoría amplia de gobiernos autonómicos. Junqueras colaboró al desaire diciendo que habían impuesto el principio de ordinalidad y que Cataluña recibiría 4.700 millones por encima de lo estipulado en el actual sistema. No obstante, el problema no está tanto en que el plato esté precocinado, como las viandas que van en el mismo. Un modelo de financiación que introduzca el principio de ordinalidad no es digerible. Y mucho menos cuando se tiene la desfachatez de aplicarlo sólo para Cataluña, creando una desigualdad de imposible reparación. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, dijo que esperaban a conocer la letra pequeña. Creo que con conocer la letra grande basta ya para rechazarlo, si de lo que se trata es de defender los intereses de Asturias. Bajo ningún concepto se puede entrar en una negociación garbancera, tratando de elevar el gasto por habitante a través de un pequeño fondo o cualquier otro subterfugio propio del gusto de la ministra Montero. No es una cuestión de arañar unos millones más, sino de recuperar las pautas metodológicas del modelo que pasan por algo que demanda Llamedo, un diálogo en pie de igualdad con todas las comunidades autónomas, pero que incluyen también el rechazo a la ordinalidad.

En la política asturiana se recurre muchas veces al concepto de línea roja. Pues bien, la ordinalidad debe ser siempre una línea roja para los representantes de los asturianos. Cualquier intento de recortar la solidaridad entre territorios debe ser interpretado como una forma de crear españoles de primera y de segunda. Que no cuenten con nosotros.