Pleno de la Junta General del Principado. La oposición (PP), cómo no, volvió a preguntar al Gobierno sobre la asunción de responsabilidades por el siniestro de la mina de Cerredo. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ensayó una explicación de poca monta sobre lo que piensa hacer el Ejecutivo. Como primera tarea va a aplicar las once recomendaciones que constan en el informe interno del Principado. Es la tercera vez que el consejero Sánchez habla de la prioridad de las citadas recomendaciones. Anunció a la Cámara que el Gobierno está pendiente de completar la evaluación de las explotaciones de carbón en Asturias, un trabajo que hace conjuntamente con el Instituto de la Transición Justa.

Tras dar rodeos entró en la cuestión principal al afirmar que el dictamen sobre el ‘caso Cerredo’ tiene errores y necesita mejoras. No debe preocuparse en demasía porque para subsanar y mejorar están las enmiendas que presentarán los grupos parlamentarios. Criticó con dureza que se señale a funcionarios con nombres y apellidos, pudiendo vulnerar la presunción de inocencia. Casi todos los nombres propios que se han pronunciado corresponden a políticos o expolíticos. No a funcionarios. No cabe hablar de presunción de inocencia, cuando no se les acusa de cometer un delito, sino de tener responsabilidades políticas en el accidente de la mina. Parece mentira que un consejero de Gobierno, con la respuesta escrita por sus asesores en un papel que sostenía en la mano, no distinga entre responsabilidades políticas y presuntas responsabilidades penales.

Covadonga Tomé, autora del dictamen de la comisión parlamentaria, expresó muy bien lo que había detrás de las palabras del consejero Sánchez: «El Gobierno está más preocupado en buscar argumentos endebles para criticar el dictamen que en profundizar en el esclarecimiento de los hechos y la asunción de responsabilidades». Dio en el centro de la diana.

La apelación a las recomendaciones del informe interno del Principado es una cortina de humo para evitar el reconocimiento de las responsabilidades políticas. Si los políticos que gestionaban el sector de la minería no tienen responsabilidades tras un accidente precedido de irregularidades e ilegalidades, ¿ cuándo las van a tener? Lo que pretende el socio mayoritario del Gobierno es que la cúpula de las consejerías (consejeros, directores generales) estén exoneradas de responsabilidad per se. Si se da carta de naturaleza a esa gracia, se degrada la democracia.