El miércoles finaliza el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas al borrador del dictamen de la comisión de investigación parlamentaria elaborado por Covadonga Tomé (Somos Asturias) sobre el accidente en la mina de Cerredo. Todos los partidos entienden que hay responsables políticos en la tragedia, excepto el PSOE que solo considera que hay culpabilidades penales y señala a la empresa (Blue Solving) que trabajaba en Cerredo. La Administración del Principado y, en concreto, el Servicio de Minas, no merecen ningún reproche por parte de los socialistas. Hicieron lo correcto.

Hay una coincidencia generalizada entre el resto de grupos en hacer responsables políticos del desastre a los consejeros de Industria de la etapa de Barbón (Enrique Fernández, Nieves Roqueñí, Belarmina Díaz) y al viceconsejero Isaac Pola. IU-Convocatoria por Asturias extienden las responsabilidades a todos los altos cargos del Servicio de Minas y al alcalde de Degaña. Por su parte, Adrián Pumares (Foro) incluye en las responsabilidades al presidente del Principado por suprimir el Servicio de Seguridad Minera. Vox también señala a Barbón.

La gran cuestión del debate está en responsabilizar a los exconsejeros socialistas o excluirlos de cualquier imputación. El argumento que utilizan Barbón, miembros socialistas del Gobierno y FSA para eximir a los exconsejeros es una impostura. Dicen que no hay pruebas concluyentes para vincular a ningún exconsejero con un delito de homicidio involuntario. Nadie culpó a los exconsejeros de Industria de participar, por acción u omisión, en un homicidio involuntario. Hay que estar muy ayuno de razones para recurrir a semejante disparate.

Lo que pide toda la Cámara, menos el PSOE, es responsabilizar o reprobar a los políticos que estaban al frente de la Administración en todo lo tocante a las minas. Hubo tantas irregularidades e ilegalidades sin que el Servicio e Minas se enterara, oficialmente, que no queda otro remedio que mirar para la cúpula de la Consejería de Industria. Si lo que plantea el PSOE saliera adelante las instituciones asturianas quedarían degradadas. Lo que Barbón y su gente están diciendo es que el Parlamento no puede exigir responsabilidades políticas a exmiembros del Gobierno que incluyan la pérdida de sus actuales cargos. Por eso la repetida promesa de «caiga quien caiga» era una falacia. Están dispuestos a defender lo indefendible con tal de impedir que los responsables sean sancionados.