Mañana termina el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas al dictamen de la comisión de investigación parlamentaria sobre el siniestro de la mina de Cerredo en el que murieron cinco mineros y otros cuatro quedaron heridos. Las alegaciones cabe dividirlas en dos grupos, las que introducen mejoras en la actividad y gestión de las explotaciones y las relativas a las personas sobre las que recaen responsabilidades políticas en el accidente. Hay convergencia de opiniones en reforzar el control de las concesiones mineras (otorgarles licencias para trabajar en la mina) y asegurar la solvencia técnica y económica de las empresas. La experiencia vivida con Combayl y Blue Solving, empresas administradas por la familia de Chus Mirantes, pesa en el ánimo de los diputados.

La situación actual de Mina Miura, cuyo titular es Carbones la Vega, tampoco empuja al optimismo, habiendo solicitado preconcurso de acreedores, tras varios meses de impagos a los trabajadores. No obstante, creo que hay que distinguir entre la capacitación de una empresa para explotar un yacimiento y el respaldo económico. La solvencia económica se debe exigir por igual a una empresa que se dedica al carbón, que a otra que produce acero o fabrica muñecas. Ahora bien, la capacidad técnica requiere un plus de exigencia en la mina por el riesgo que supone para los trabajadores.

Las enmiendas están influenciadas por el informe interno del Principado. Foro y otros grupos ponen el acento en la medida tomada por el Gobierno de suprimir el Servicio de Seguridad Minera. Este asunto es un tanto discutible si contemplamos la situación con la óptica del momento, año 2019. Unos meses antes se habían clausurado las explotaciones mineras. No añado la coletilla de «no competitivas», porque con la condición de devolver las ayudas estatales ninguna era competitiva. Al final, quedaban dos minas, una en Tineo y otra en Degaña (Cerredo). Unos meses más tarde, en Cerredo trabajaban un ingeniero, un administrativo y dos mineros de mantenimiento. ¿Hacía falta el servicio de seguridad para dos vigilantes? ¿No bastaba una inspección rigurosa y frecuente?

En cuanto a los nombres propios hay una amplia coincidencia sobre los exconsejeros a la hora de atribuir responsabilidades. Otras propuestas: funcionarios del Servicio de Minas, alcalde de Degaña, Barbón, es más dudoso que tengan un respaldo mayoritario. Lo importante es que el Parlamento sustancie responsabilidades y exija su depuración.