Los servicios jurídicos de la Junta General del Principado han planteado objeciones al dictamen provisional de la comisión de investigación parlamentaria, realizado por la diputada Tomé, sobre el accidente mortal de la mina de Cerredo. Se trata de advertencias no vinculantes, de modo que la comisión podrá hacerles caso o mantener su criterio. El Letrado Mayor informó que el dictamen «se desliza al ámbito de la responsabilidad jurídica y, potencialmente, penal, excediendo los límites del control político». En el caso de la mina de Cerredo, donde hubo cinco muertos y cuatro heridos, las responsabilidades políticas y jurídicas están separadas por una línea muy fina, pero ambas existen. Cualquiera que estudie con imparcialidad todo lo ocurrido llegará a la conclusión de que hay presuntas responsabilidades penales (la jueza de Cangas del Narcea que instruye el sumario, imputó por homicidio imprudente a Chus Mirantes y miembros de su familia), y hay responsabilidades políticas, como mínimo, por omisión en la supervisión (‘in vigilando’).

Hay otras cuestiones, que planteó el Letrado Mayor, que deberían aceptarse sin necesidad de grandes debates, como es la imposibilidad de atribuir una responsabilidad patrimonial a la Administración desde la comisión de investigación. Como lo que preocupa a los grupos políticos es la situación de vulnerabilidad en que quedaron las familias de los mineros fallecidos y los heridos, se pueden tramitar ayudas que producen un efecto práctico semejante.

En cuanto a la responsabilidad de los funcionarios, que aparece en el dictamen, excede de las competencias de la comisión de investigación porque analiza responsabilidades políticas y no funcionariales. Esta tesis ya la defendió IU-Convocatoria por Asturies en el seno de la comisión. Lo que resulta más que discutible es la crítica de los servicios jurídicos a nombrar personas concretas, atribuyendo fallos, omisiones e incumplimientos. Las responsabilidades políticas recaen, siempre, sobre personas concretas (en las democracias, suelen dimitir) y por razones también concretas (fallos, omisiones, incumplimientos). Investigar la responsabilidad del Principado en lo sucedido y obviar a los cargos políticos que no cumplieron con su deber, es hacer un trabajo baldío. Para la sociedad asturiana, escandalizada por las revelaciones del ‘caso Cerredo’, sería muy duro comprobar que un artificioso blindaje jurídico dejara la tragedia envuelta en un halo de fatalidad.