Vuelve el proyecto de Ley de Buen Gobierno a la Cámara, tras tres intentos fallidos. Entre errores de redacción, copia y pega incoherentes y ganas de proteger al actual presidente, la propuesta del Principado no satisface a ningún diputado de la oposición. Cada revolcón parlamentario, el Ejecutivo se aplicó en mejorar la norma, con tan mala fortuna que cada vez queda peor que la anterior. En la última ocasión, el régimen sancionador estaba destinado exclusivamente a directores y secretarios generales, como si presidente y consejeros no formaran parte del gobierno. La función de censurar al presidente se confiaba a los consejeros, una propuesta propia del teatro del absurdo de Ionesco: el jefe del Ejecutivo nombra a los miembros del gabinete y, luego, son ellos los que lo pueden destituir. Unos señores que no recibieron ni un voto de los ciudadanos tienen potestad para cargarse al candidato más votado. Está claro que la Consejería de Presidencia no se conforma con hacer normas ramplonas, sino que aspira a renovar la doctrina, creando un modelo de gobernanza donde las funciones del legislativo y del ejecutivo se fusionan. Desde esta humilde comunidad autónoma uniprovincial exportamos un modelo político para Europa.

Las explicaciones dadas por el Gobierno para justificar tal sarta de disparates son harto insuficientes. Los grupos de la oposición deberían negarse a seguir con este paripé de aceptar discutir proyectos absurdos al límite de la finalización del mandato. En buena ley, el Principado se debería responsabilizar de los proyectos que envía a la Cámara; también le toca ensamblar una mayoría parlamentaria suficiente para hacerlos operativos. Esa responsabilidad no la puede transferir a los grupos de oposición. No es normal que a veinte días de acabar la legislatura haya casi una docena de proyectos esperando el visto bueno de la Junta General del Principado. Tratar de hacer en tres semanas lo que no se hizo en tres años es imposible.
Un gobierno que no cumple con sus compromisos inversores, que es incapaz de mantener abierto un hospital nuevo sin incidencias, que solivianta a los médicos, que se siente impotente ante la negativa del Ministerio de Industria a ejecutar la sentencia de los fondos mineros, que trata a Gijón como si fuese una plaza del enemigo, que ve impasible cómo Asturias es la región que menos crece, no está capacitado para escribir la norma del Buen Gobierno.