Carmen García Cerdá, miembro de la Fiscalía Anticorrupción que investiga el origen del patrimonio que José Ángel Fernández Villa legalizó acogiéndose a la amnistía decretada por el Gobierno de Rajoy en marzo de 2012, solicitó una segunda prórroga extraordinaria para prolongar las pesquisas, siéndole concedida por la Fiscalía General del Estado. Entre el periodo ordinario y las dos prórrogas extraordinarias, la fortuna de Villa estará dos años bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción.

Esto no es normal. Dentro de los asuntos que dan origen a la apertura de expedientes por parte de la Fiscalía Anticorrupción, el “caso Villa” parece de letra pequeña. 1,2 millones de euros es calderilla comparado con las fortunas que lavan los señores del “sector B”. Cualquier desaprensivo que pasa por los telediarios multiplica por diez la capacidad de ahorro del ex secretario general del Soma. El otro día supimos que un engominado del PP ganaba un millón de euros en cada colegio concertado que se construía en Madrid. Por no hablar de la charcutería catalana que está llena de ceros. Si Villa no sabe justificar cómo se hizo con la cantidad que legalizó ante la Agencia Tributaria, los fiscales ya tienen materia para mandarlo a los tribunales.

Algo muy raro está sucediendo. Tiene que ser muy especial para que la fiscal ponga tanto esmero en las cuentas de un septuagenario jubilado que no se le conoce un gran patrimonio, más allá de la cantidad que mostró a Hacienda. La falta de información, el manto de silencio que siempre cubre en Asturias los patrimonios privados de los jerarcas públicos, lleva a formular hipótesis, a especular. Si un asunto tan mínimo, tan anecdótico, como las dietas que cobraban los sindicalistas del Soma por acudir al comité intercentros de Hunosa, reportó 243.000 euros al ex secretario general del Sindicato Minero, qué no podrá haber en las operaciones donde se mueven cantidades de verdad, no simples dietas para obreros. La primera prórroga se le concedió a la fiscal por “la especial complejidad” del asunto. No creo que el enrevesamiento del expediente esté en la apropiación de dietas sindicales. Tiempo para especular en pleno ciclo electoral. Ahí quiero ir. Para que los ciudadanos elijan sus representantes hay que disponer de información, no sólo de programas para el futuro, sino de todo lo que ocurrió en el pasado. La verdad del “caso Villa” no se puede hurtar a los electores.