La convergencia del PSOE y del PP en la política asturiana rompe con tres legislaturas de disensos y bronca

El resultado de las elecciones generales ha tenido una gran influencia en la política asturiana. Siempre ha sido así. En la anterior legislatura, la dura pugna entre Zapatero y Rajoy obligaba a repetir en clave regional el enfrentamiento entre el PSOE y el PP, sin dejar margen para el acuerdo. Los comicios de marzo y el ‘impasse’ abierto en la política nacional, con la nueva orientación que quiere dar Rajoy a la estrategia opositora, han cambiado los presupuestos sobre los que se desarrolla la política asturiana. Con cuatro ejemplos se ve más claro.
La ponencia que elabora la reforma del Estatuto de Autonomía avanza de forma fluida gracias a los contactos regulares que mantienen Fernando Lastra y Joaquín Aréstegui. A los que se escandalicen de las negociaciones bilaterales cabe recordarles que la Constitución, de la que estamos todos tan orgullosos, fue posible por las conversaciones sin testigos entre Alfonso Guerra y Fernando Abril Martorell. La reforma del Estatuto no sigue el camino de los estatutos catalán o andaluz, de fuertes tintes identitarios y ubicados en una perspectiva confederal, sino que versa sobre la asunción de algunas competencias que faltan, dentro de una óptica de estricta descentralización del Estado. También se introducen algunos elementos que facilitan el desenvolvimiento de la política autonómica, como la posibilidad de disolver la Cámara por parte del presidente del Principado durante el mandato, o la introducción de la figura del decreto-ley.
El sesgo dado por los catalanes a su norma máxima es entendible por la dinámica soberanista que envuelve a casi todas las fuerzas políticas de esa comunidad autónoma, siendo mucho más difícil de comprender en el caso de Andalucía, al tratarse de una región que recibe todos los años más de 7.000 millones de euros del Fondo de Suficiencia. En las propuestas de Lastra y Aréstegui subyace la perspectiva de mantener un Estado fuerte, en competencias y recursos, capaz de reequilibrar los desajustes entre territorios.
Segundo ejemplo. El rechazo al proyecto de Presupuestos del Principado para el año 2008 había creado muchas dudas sobre la posibilidad de movilizar nuevos recursos. Sin embargo, en menos de seis meses se han sorteado las rigideces de la prórroga presupuestaria con dos créditos extraordinarios que posibilitan el mismo nivel de inversiones que si se hubieran aprobado las cuentas regionales propuestas por el Gobierno regional. En un contexto de crisis, el beneficio para la obra pública y la actividad económica es evidente. Los dos grupos de oposición, PP e IU, mantuvieron una postura constructiva sobre las solicitudes de créditos planteadas por el Principado, pero el PP fue mucho más resuelto, al aceptar el trámite de urgencia en el segundo crédito y dar por buena la solicitud porque atendía los proyectos de los ayuntamientos.
Desde una perspectiva puramente política, tiene una gran relevancia la elección parlamentaria de José Ramón Pérez Ornia, como director general del Ente Público de Comunicación del Principado, con los votos del PSOE y del PP. La modificación de la ley traslada la competencia de designación del Gobierno a la Junta General del Principado; los diputados del PP no dudaron de votar al actual director, pese a que Pérez Ornia fue mal recibido, en su día, por toda la oposición.
Como último ejemplo de los nuevos aires que corren por la política regional puede ponerse el rechazo conjunto, del PSOE y del PP, al intento de IU de celebrar un gran debate parlamentario, en tres jornadas, sobre el modelo de financiación autonómica. Los dos grupos mayoritarios prefieren dejar que sea el Gobierno asturiano el que defienda la opción regional a partir de las premisas de financiación elaboradas en la ponencia parlamentaria del Estatuto.
No es casualidad
Converger en la reforma del Estatuto, en las partidas de los créditos extraordinarios, en el apoyo al director de la televisión del Principado o en el enfoque de la financiación autonómica, no puede ser producto de una suma de casualidades, sino el resultado del giro que ha dado Ovidio Sánchez tras las elecciones generales.
Hay dos elementos que respaldan la postura del PP asturiano: el esfuerzo de moderación que trata de implantar Rajoy en esta legislatura y la debilidad actual del PP, producto de las críticas internas. Frente a ello, el socialismo se encuentra en la cresta de la ola, únicamente amenazado por los embates de la crisis económica. Las opciones del PP regional pasan por ganar tiempo para que se sucedan los congresos nacional y regional de la forma más ordenada posible, y esperar a que las reivindicaciones de los colectivos sociales vayan minando el crédito obtenido por el PSOE tras la triple victoria, municipal, autonómica y nacional. Para los desmemoriados es bueno recordar que el PP logró el poder en Asturias, en el año 1995, gracias a la profunda crisis económica de 1993, sin hacer gestos extraordinarios en la Junta General del Principado.
La otra alternativa consistía en fomentar las coincidencias con IU en el Parlamento para bloquear la acción del Gobierno. Esa estrategia no favorecía al PP, porque llevaría a una dinámica de elecciones anticipadas de las que no sacaría ningún fruto. Tampoco beneficiarían a IU, que acaba de recoger los peores resultados de toda su historia, y que entre la fronda de los grupos minoritarios va a ver pronto la competencia de UPyD, un grupo que ha sacado 10.000 sufragios y que en la última encuesta del CIS doblaba en intención de voto el resultado del 9 de marzo. No importa que IU y UPyD tengan distinta orientación, porque ambos competirán por capitalizar el voto de rechazo a los grandes partidos.
El entendimiento entre PSOE y PP, tras nueve años de descalificaciones, es un bien para Asturias, porque las decisiones de esa ‘gran coalición’ apenas tienen contestación. Deberían aprovechar ambos grupos para sacar adelante algunos proyectos que no son de izquierdas ni de derechas, sino de sentido común, como el embalse de Caleao o la incineradora de Serín.
La timidez de planteamientos de algunos consejeros del Gobierno podría ser compensada por esa mayoría cualificada del Parlamento que forman los 41 diputados del PSOE y del PP.