Los consejeros de Administración Pública de varias comunidades autónomas socialistas han reclamado, desde Andalucía, la aprobación de una nueva Ley de Régimen Local. En la reunión estaba Ana Rosa Migoya en representación del Principado.

Esta ley que demandan las comunidades estuvo a punto de aprobarse en el anterior mandato y cuando todo estaba preparado para pasar el trámite parlamentario quedó aparcada sin explicaciones. En la necesidad de contar con una nueva norma coinciden el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero cada uno por distintos motivos: el Gobierno quiere delimitar bien las competencias de cada Administración, los ayuntamientos buscan recibir más financiación y las comunidades autónomas reconocer por ley la jerarquía que mantienen con respecto a las corporaciones municipales. Como la elaboración de la norma estaba llena de tensiones quedó pospuesta su aprobación y ahora sigue todo como entonces, con el añadido de la mala situación económica que entorpece cualquier negociación. Pedir una nueva Ley de Régimen Local sin avanzar qué se pretende, no es decir mucho.

La agenda de Zapatero para esta legislatura sigue sin conocerse. En el primer mandato parecía tener prisa por hacer cosas, y ahora mantiene un papel pasivo, en espera de que sea el tiempo el que haga las cosas por él. Algunas actuaciones, como la devolución de los 400 euros, resultaban obligadas, y otras le vienen impuestas, como la negociación de la financiación autonómica, por la presión de la Generalitat. Entre obligaciones e imposiciones tiene el presidente capacidad para asumir iniciativas que no estaban en el programa como esa implicación internacional en la lucha contra la pena de muerte. En cuanto a la Ley de Régimen Local, el Gobierno central ha optado por hacer caso a los ayuntamientos y empezar por los problemas económicos. Cabe tomar unas medidas, en línea con lo apuntado por Solbes, de apoyo a los ayuntamientos o dejar que tengan las comunidades autónomas gran capacidad de disposición con respecto a los municipios. Lo único realmente negativo sería que el Gobierno central, por quedar bien con todos, asumiera las demandas con cargo a la Hacienda del Estado.