Álvaro Cuesta va a proponer a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la asunción de un código de buenas prácticas que contiene asuntos tales como la obligatoriedad de realizar reuniones periódicas con la oposición, la creación de una comisión de sugerencias y reclamaciones, la explicitación de una carta de derechos ciudadanos, la creación de la figura del defensor del contribuyente, la obligatoriedad de la declaración de bienes para los ediles y la fijación de unos parámetros para establecer el sueldo de alcaldes y concejales. El catálogo de propuestas es más amplio, pero el sentido de todas las iniciativas es el mismo: transparencia, acercamiento de las instituciones a la gente y potenciación de la buena imagen municipal.

El PSOE y el Gobierno quieren imponer este código de buenas prácticas a los pocos días de estallar el escándalo de Estepona y cuando los ayuntamientos piden más dinero al Estado. Sobre este asunto hay que decir que todos los escándalos destapados en los ayuntamientos de la costa mediterránea están motivados por la mutua dependencia entre la construcción y promoción de viviendas y las finanzas municipales; si se quiere acabar con turbios manejos habrá que separar ambas cuestiones, basando la economía de los consistorios en otro tipo de ingresos.

Parte de las propuestas ahora realizadas chocan con las ideas barajadas en los últimos años sobre gestión municipal, que pretendían darle un mayor poder ejecutivo a los alcaldes y al equipo de gobierno. La obligación de reunirse periódicamente con los grupos de oposición es menos eficaz que pedir más plenos municipales, porque el verdadero sitio de debate y rendición de cuentas de un alcalde es el pleno de la corporación. En cuanto a la creación de comisiones, cartas de derechos ciudadanos y defensores del contribuyente tiene el inconfundible perfume de una campaña de imagen. Los ayuntamientos necesitan una normativa clara, que huya de las ambigüedades, y un control por parte del Tribunal de Cuentas y de la comunidad autónoma. Volviendo a Estepona, resulta increíble que la Junta de Andalucía no se hubiese enterado de nada. Bien es cierto que los controles casan mal con la sacrosanta autonomía municipal.