La reunión de consejeros y directores generales de Economía de seis comunidades autónomas en el marco de los Cursos de la Granda adquiere interés nacional dentro del proceso de negociación de un nuevo modelo de financiación territorial. Las comunidades ricas, lideradas por Cataluña, han celebrado diversos encuentros para unificar sus demandas. El consejero catalán del ramo, Antoni Castells, ha tenido en la última semana dos entrevistas, con sus homólogos valenciano y balear, para hacer valer el peso del tamaño de la población en el cálculo de la financiación de los servicios públicos y para limitar la cobertura de los fondos de solidaridad. Las comunidades opulentas se quejan de forma hiperbólica, como si hubiese un gran malestar social en ellas. Uno creía que en Barcelona o Mallorca se vivía mejor que en Badajoz o Jaén, pero estaba equivocado. Los ricos también lloran.

Frente a la presión de los ricos, el Principado ha logrado desarrollar una serie de contactos con comunidades autónomas dependientes (las llamo así porque son las que más financian sus servicios con el fondo de suficiencia) para aunar sus peticiones: nivelación total de los servicios y reconocimiento de algunas características del territorio (orografía) y de la población (vejez). Los medios de comunicación nacional se han dado cuenta de esta estrategia del Principado y resaltan que Asturias lidera las peticiones de las comunidades más atrasadas.

Hoy toca visualizar esa alianza entre Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León, Aragón y Extremadura. Sin embargo, el Principado duda sobre la conveniencia de dar gran relieve a la cita. La clave del asunto está en no ofender a Zapatero. En la clausura del Congreso del PSC, Montilla rayó en lo grosero, hablando con gran arrogancia delante del presidente del Gobierno. Dicen que Zapatero no perdona y Montilla lo va a pagar, como ya pagó Maragall la osadía del ‘Estatut’. Bien, pero una cosa es ser educado y otra echar agua al vino. Los consejeros de Cantabria y Castilla y León quieren firmar un documento común que resuma las posiciones de los territorios dependientes y sería un grave error no hacerlo. El problema de Zapatero es Montilla, no los territorios que reivindican la existencia de un Estado unitario y reequilibrador.