La reunión en La Granda de los representantes de seis comunidades autónomas (Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Galicia) para valorar el nuevo modelo de financiación autonómica ha sido interesante, aunque faltó voluntad política para elaborar un documento que sirviera como referencia ante la negociación del modelo. Los distintos portavoces autonómicos convergieron en algunos asuntos que son muy conocidos, como relativizar el tamaño de la población de cada comunidad a la hora de fijar el coste de los servicios, o en el rechazo a la nivelación parcial de los servicios. La tipología de las seis comunidades, muy dependientes de los fondos de solidaridad, les hace oponerse a las propuestas de los territorios ricos, aunque entre ellas también hay rasgos diferenciadores, como la gran extensión de Castilla y León, en comparación con Cantabria o Asturias. Esas diferencias estuvieron presentes en las exposiciones de los representantes autonómicos.

Los portavoces de Aragón y de Castilla y León pidieron algo muy simple: los porcentajes de cesión de impuestos del Estado a las regiones tienen que responder a criterios lógicos. Entre los muchos papeles, estadísticas y datos que se barajan en la negociación del nuevo modelo de financiación, nunca encontré una justificación de la transferencia del 50% de la recaudación de los grandes impuestos del Estado a las haciendas autonómicas. ¿Por qué el 50% del IRPF y del IVA tiene que ir a las comunidades autónomas? Hasta ahora, los porcentajes de cesión se pactaban tras valorar el coste del sistema de financiación, pero en esta ocasión se ha operado al revés: primero se fija el porcentaje y luego se establecerá el coste del sistema. El famoso 50% fue fijado en el ‘Estatut’, pero tampoco en la negociación de esa desdichada norma se aclaró la razón del porcentaje. ¿Supone un cálculo hecho a la medida de Cataluña para que queden en sus manos los recursos que recibía hasta ahora del fondo de suficiencia?

Entre las seis comunidades aportan el 18,6% al PIB nacional, mientras que Cataluña representa el 18,8%. Las seis comunidades unidas parecen una metáfora de la Cataluña pobre. Desde esas premisas, bien se podía haber pergeñado un modelo alternativo y solidario con el Estado.