Analizando información procedente de los ayuntamientos españoles, el Tribunal de Cuentas concluye que el 20% de la venta de suelo público no se dedica a los fines previstos en la ley, que tienen que ver con los programas de vivienda protegida o con otros fines sociales, destinándose el dinero a todo tipo de actividades municipales, tales como el pago de nóminas, inversiones de cualquier naturaleza, así como las más variadas formas de gasto corriente.El Tribunal de Cuentas señala esta desviación sin decir que los ayuntamientos incurran en algo ilícito, pero haciendo constar que no se atienen a lo marcado por las normas. En el caso de Asturias, la utilización de la venta de suelo público para actividades no contempladas por la ley alcanza el porcentaje del 58%.

A mi entender, la ilegalidad más frecuente que cometen los ayuntamientos con el suelo público consiste en coger las cesiones obligatorias de suelo, realizadas por los agentes urbanizadores, y venderlas para hacer caja. En los planes de urbanismo se justifican esas cesiones, del 10% de los terrenos, para construir ciudades armónicas, con zonas verdes y equipamientos, pero en realidad se manifiestan como una especie de peaje municipal, al quedarse los consistorios con una parte del valor del suelo para financiar todo tipo de actividades municipales. Decir que la Administración (toda Administración) es el sujeto que comete más ilegalidades no pasa de ser un lugar común o un desahogo.

La primera interpretación de los datos lleva a reflexionar sobre los problemas económicos de los ayuntamientos, que tienen que echar mano del suelo para financiar todo tipo de actividades. Hasta que no cuenten con otra fuente de ingresos la gestión municipal estará atada a los ingresos del urbanismo. Pero entrando en el informe del Tribunal de Cuentas, podemos ver sus conclusiones como la consecuencia directa de una legalidad muy intervencionista que apenas deja margen de disposición para las corporaciones municipales, señalando a qué gasto deben ir destinados los ingresos. Sin necesidad de entrar en debates doctrinales, está claro que unas gotas de liberalismo solucionarían muchos problemas que arrastran los ayuntamientos, en general, y la gestión urbanística, en particular.