L a actualidad es una suma de sustos y por eso a algunos les agobia la corbata. En la semana más veraniega del estío el presidente Zapatero preside la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, reforzada hasta con la presencia de nueve titulares ministeriales, y al día siguiente se celebra Consejo de Ministros. La cosa no es para menos; en su corta historia, la zona euro registra, por primera vez, una bajada del PIB. Los principales socios europeos tienen su economía enferma: en el segundo trimestre de año, la economía alemana retrocedió un 0,5% en su PIB y la francesa lo ha hecho en un 0,3%. En otras latitudes, Japón también se apunta al retroceso. En España, la economía ha crecido una décima.

Pese a todo, sigue el optimismo oficial redactando los discursos y dando titulares a los periódicos. El presidente Zapatero anuncia reformas para dos años complicados, esperando que en 2010 vuelva la economía a crecer un 3%. Eso decía la nota oficial emitida por La Moncloa tras la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. La idea fuerte del discurso de Zapatero es que la situación es complicada, pero, como nos fue tan bien en los últimos años, podremos mantener el gasto social y consolidar el ritmo de inversiones. El vicepresidente Solbes explicó que, entre este año y el que viene, el Gobierno inyectará medidas de reactivación por un importe de 18.000 millones de euros. En el Principado, el consejero de Economía, Jaime Rabanal, anuncia el mantenimiento de las inversiones y la confección de unos Presupuestos del Principado con un pequeño déficit. ¿Qué decir de todo ello?

Aquí, señores, falta un diagnóstico. Ante la ausencia del mismo, cada uno hace lo que sabe, que en el caso de la izquierda es reeditar los paradigmas del modelo keynesiano. ¿Hay crisis? Solucionémoslo con más inversión pública. Desde que se celebraron las elecciones generales, el Gobierno habla de poner dinero para hacer de locomotora de la economía nacional. El público aplaude la idea. Si la economía pinchó por el ‘argayu’ de las hipotecas basura, la cosa se soluciona habilitando recursos la Administración. Como los hermanos Marx: «Más madera, es la guerra».

Vamos a ver. En principio, el principal problema de la economía española, el déficit exterior, no es cosa de ahora, sino que ya venía de la época de bonanza. El déficit exterior se soluciona con menos consumo, no sólo mejorando la productividad. Otro problema, el grave endeudamiento de las familias, también se mejora bajando el consumo. Si España y toda la zona euro consumen menos, se importará menos energía (petróleo, gas, carbón) y bajará la inflación. Con la inflación más baja, descenderán los tipos de interés. Me da la sensación de que estoy describiendo un círculo virtuoso que tiene su base en el ahorro.

Sin soluciones mágicas

Es evidente que ese incremento del ahorro implicará a corto plazo un descenso de la demanda; luego, se cerrarán empresas y se perderá empleo. Pero una cosa es hacer un diagnóstico y proponer una salida, y otra muy distinta es ofrecer soluciones mágicas. No las hay. Con cualquier política económica quebrarán empresas y aumentará el paro. Ahora bien, con las medidas optimistas, la economía puede estar dentro de un par de años mucho peor de lo que está ahora, mientras que con soluciones realistas las cosas podrán mejorar, una vez pagado el peaje.

Realismo es partir de un hecho simple: la bajada de la recaudación fiscal. El ritmo de las inversiones tendrá que modularse en función del cobro de impuestos. Lo más progresista no es acabar la autovía del interior (Oviedo-La Espina) como sea, sino no dañar el cuadro macroeconómico (inflación, déficit público) por culpa de esa infraestructura.

Convertir en objetivos de Estado las necesidades de cada comunidad autónoma es actuar como catalanes. El egoísmo es un título que hincha el pecho de los miserables. Cuando hablaba de ahorro, pensaba en un sentido amplio que engloba todo tipo de sacrificios. Y así llegamos al fondo del asunto. En España, como en Europa y el resto del mundo, aumenta la inflación mientras decrece la economía. Es decir, el paisaje de los años setenta: la estanflación. Con algunas diferencias, que vamos a obviar. Disminuir la inflación importada (energía, alimentos) sin perjudicar seriamente la producción obliga a un reparto de costes. Eso en España ya se hizo con los Pactos de la Moncloa.

Sin el acuerdo del Gobierno, PP, empresarios y sindicatos no se podrán hacer operaciones básicas: desindiciar los salarios de la inflación y someter a competencia el sector servicios, acabando con el corralito del lobby eléctrico, los privilegios del sector de las comunicaciones y el intervencionismo del transporte. Se puede pedir una pérdida de poder adquisitivo si el logro de ciertos beneficios empresariales deja de ser considerado como una renta fija. Así mejora la productividad, aunque no lo diga el Gobierno.

En Asturias hay que pasar de una concertación social indolora, financiada por el Principado, a un reparto de sacrificios entre todos. La solución para Asturias no está en la inversión pública pendiente ni en los fondos que podamos obtener de administraciones más o menos lejanas, sino en adaptar el tejido productivo a las premisas del nuevo contexto: crédito escaso y caro, e inflación