Dirigentes regionales del PP e IU se oponen a que Cataluña marque los ritmos de la financiación autonómica. La queja de los miembros de la oposición asturiana viene a cuento de los acuerdos alcanzados por Zapatero con Joan Herrera y Joan Saura, cargos públicos de ICV, el socio de IU en Cataluña. Para evitar debatir sobre financiación, Zapatero negoció con los líderes de ICV que retiraran la petición de comparecencia parlamentaria del presidente a cambio del compromiso de llegar a un pacto en firme, antes de tres meses, y de ofrecer la intervención de Solbes en el Congreso durante el presente mes. El asunto tiene su gracia por la asimetría del trueque: evitar analizar el modelo de financiación en el Parlamento, quedando rehén de un plazo para el acuerdo: el 19 de noviembre.

El negocio de Zapatero con ICV tiene otros réditos, como el de acabar con el frente catalán que había urdido Montilla, sumando las fuerzas de CiU a los grupos del tripartito. En las arenas movedizas de la táctica política, Zapatero siempre sorprende con golpes de efecto que sus rivales no saben prever. Los dirigentes de CiU y Esquerra Republicana ponen rostro de perplejidad, al igual que cuando el presidente pactó con Artur Mas el ‘Estatut’ y al resto de líderes catalanes les quedó cara de tontos. No se acaban ahí los réditos de la maniobra de Zapatero, porque al dar noventa días para el acuerdo, liga la negociación de la financiación autonómica, aún más, con la negociación presupuestaria.

La queja de los dirigentes asturianos de PP e IU no puede estar basada en la fecha dada para pactar el modelo de financiación, ya que todos los observadores daban por bueno que la negociación se prolongaría hasta bien entrado el otoño. El problema estriba en que el anuncio es fruto de una negociación con un partido que forma parte del tripartito catalán. Dicho con otras palabras: se refuerza el carácter bilateral de la negociación, lo que perjudica a Asturias y a otras comunidades dependientes que están en una situación opuesta a la de Cataluña. Cada vez aparece más claro que el encargo del presidente a Solbes pasa por negociar a dos bandas, tratando de flexibilizar la letra del ‘Estatut’ (con la Generalitat) y pactando compensaciones con el resto de comunidades autónomas.