La afirmación del profesor Sosa Wagner de que «el caos de la financiación autonómica es reflejo del fracaso de la política territorial de Zapatero» es cierta y lúcida. Poner de acuerdo a las comunidades autónomas sobre un modelo de financiación no es cosa sencilla, pero ya se ha hecho en otras ocasiones, la última de ellas hace siete años. Pero llegar al consenso sobre el modelo a partir de unas premisas tan disparatadas como las contenidas en varias de las reformas estatutarias es lo mismo que intentar cuadrar el círculo. El encargo endiablado hecho por el presidente a Solbes no consiste en poner de acuerdo a las regiones sobre el peso que tiene que tener el tamaño de la población en la valoración del coste de los servicios, sino en hacer compatible la garantía de financiación parcial de los servicios públicos, incluida en el ‘Estatut’, con las demandas de solidaridad de otras comunidades.

Si se quería hacer una reforma profunda de la distribución territorial del poder -tarea que sólo demandaba el Gobierno de Maragall-, lo lógico hubiera sido empezar por la Constitución y luego abordar los cambios en los estatutos. Lo que resultó descabellado es empezar los cambios sin un modelo territorial prefigurado y fiarlo todo a lo que saliera de la negociación del Estatuto catalán. Los problemas a la hora de negociar la financiación del nuevo modelo nacen de la contradicción flagrante que hay entre distintos estatutos, que tienen ya rango de ley orgánica.

Para poner orden entre tanto desconcierto, el profesor Sosa Wagner propone abrir un debate sobre la necesidad de que el Estado recupere competencias transferidas a las comunidades autónomas. Algo por el estilo ya han planteado algunos dirigentes del PP y Rosa Díez. Si se hiciera ese cambio mejoraría la gestión de algunos servicios, como la Sanidad que sufre la parcelación hecha con una masa de recursos humanos y materiales tan importante como la que agrupaba el Insalud. Aunque más importantes serían otros cambios, como asegurar el uso del castellano a todos los niveles e impedir algunos desmanes en los planes de enseñanza. El problema es que ningún presidente autonómico aprueba ese viaje de vuelta. Hoy día, el diseño territorial está más en manos de las periferias que del Estado.