Como era de esperar, Solbes repitió en la comparecencia parlamentaria de ayer los argumentos que había empleado al presentar su modelo de financiación autonómica. Parte de su intervención la dedicó a defenderse de las críticas de los partidos catalanes al asegurar que su propuesta respeta los contenidos del ‘Estatut’ e insistir en que de la falta de acuerdo no se puede culpar al Gobierno español. En otros momentos exhortó a los ejecutivos regionales a asumir sus responsabilidades y dejar de pedir más dinero. Esta última afirmación fue matizada con su promesa de poner sobre la mesa más recursos adicionales.

El vicepresidente del Gobierno siempre ha ido a remolque en este debate, con esa mezcla de escepticismo, tan propia de su personalidad, y de falta de convicción que acompaña a los que hacen una tarea por simple encargo. En el carajal de la financiación autonómica metió Zapatero a su ministro de Economía aceptando la letra de unos estatutos de autonomía que se permiten fijar unilateralmente obligaciones al Estado. Una vez que el presidente asumió un planteamiento insólito, le pasó los trastos al ministro para que resuelva el problema. Y en eso está.

Tengo la percepción de que en la controversia sobre la financiación autonómica hay una suma de argumentos políticos y económicos a favor del Gobierno que ni Zapatero ni Solbes quieren explicitar. Veamos algún ejemplo entresacado del núcleo duro de las reivindicaciones de las comunidades autónomas. Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Baleares aseguran que el modelo hay que revisarlo porque desde el año 1999, tomado como base para hacer los actuales cálculos, creció mucho su población. Bien, es un dato incuestionable, pero del aumento de población no sólo se derivan gastos, sino también ingresos. Gracias a los inmigrantes, esas comunidades tienen un incremento de la recaudación por IRPF, IVA o Impuestos Especiales (hidrocarburos, tabaco, alcohol) del que antes carecían. Además de otros múltiples alicientes para la actividad económica de los que se deducen beneficios para esas haciendas autonómicas. A los que aducen un mayor gasto por envejecimiento poblacional cabe recordarles que dejan de hacerlo en infancia o en juventud. Y si no lo reducen, no es por culpa del Gobierno.