El diputado, Álvaro Cuesta, asegura que las inversiones comprometidas por Zapatero en Cataluña no van a afectar a los compromisos del Gobierno central con Asturias. Habrá dinero para los catalanes y también para los asturianos. Cabe pensar que tampoco los andaluces, valencianos, madrileños o gallegos verán recortados los planes de inversión del Gobierno en sus territorios. Como Zapatero ofreció invertir 8.000 millones de euros en las infraestructuras de transporte catalanas (red de carreteras, aeropuerto y puerto de Barcelona, liberalizar peajes, etcétera), la manera de mantener los compromisos con otras regiones pasa por reducir el previsto superávit presupuestario, hasta dejarlo en medio punto porcentual.
Técnicamente, el Gobierno puede hacer ese esfuerzo inversor y contentar a todos, pero estamos hablando de un año récord en recaudación fiscal, cuando todavía las locomotoras de la economía española (construcción y consumo) mantienen un ritmo alto, pero a medio plazo es imposible repartir esa lluvia de millones por la fronda autonómica. Los partidos políticos catalanes tantean la posibilidad de hacer un frente común en el Congreso de los Diputados para exigir el 18,8% de las inversiones en infraestructuras para su comunidad; si todos los años sacan a relucir ese privilegio concedido en la negociación del “Estatut”, algunas comunidades acabarán pagando las concesiones del Gobierno al nacionalismo catalán.
El debate sobre financiación autonómica lo reabrió Maragall, enmarcándolo dentro del modelo territorial del federalismo asimétrico. Con el “Estatut” quedaron convertidos en ley los deseos de los catalanistas y ahora estamos en un tiempo de espera hasta que la letra del “Estatut” se convierta en flujo de dinero para Cataluña. La crisis de las infraestructuras catalanes, un problema imputable, básicamente, a la Generalitat, ha servido para que retornara el victimismo nacionalista, y Zapatero quiere acallarlos sacando dinero de la caja. Pero el problema no es coyuntural sino estructural. La letra de los nuevos estatutos de autonomía pone muy difícil para Asturias el mantenimiento de la solidaridad estatal. En esta cuestión estamos peor que hace cuatro años.