La diputada del PP, Alicia Castro, ha salido al paso de las declaraciones de Álvaro Cuesta, en las que tranquilizaba a los asturianos diciendo que las inversiones del Gobierno en Cataluña no van a suponer ninguna merma en los compromisos asumidos con nuestra región. Para Alicia Castro, el Gobierno desvía hacia Cataluña fondos que estaba previsto destinar a Asturias, dada la debilidad del presidente Areces ante la poderosa Generalitat. La diputada del PP considera que muchas partidas asignadas a Asturias no se ejecutan, y esa es la razón por la que las actuaciones en infraestructuras de transporte y medio ambiente llevan retraso.
Hasta la fecha, Cataluña no ha recibido en esta legislatura un volumen excesivo de inversiones. Con números se visualiza mejor: entre los años 2000 y 2003, gobernando Aznar, se destinó a infraestructuras de transporte 4.379 millones de euros, mientras que entre 2003 y 2006, gobernando Zapatero, la cantidad se elevó a 5.182 millones. El incremento de Cataluña no es muy superior a la media nacional. Otra cosa es que el “Estatut” dé a los catalanes unas garantías de inversión para los próximos años que no tenemos los asturianos. Alicia Castro dice que en los Presupuestos del Estado hay dinero para Asturias que se destina a Cataluña. Esta es la clásica distinción entre el dinero aprobado y el dinero ejecutado. Cuando gobernaba Aznar, los dirigentes socialistas asturianos afirmaban que en Asturias se ejecutaba una cantidad inferior de la que se aprobaba en las cuentas del Estado. Aquí, como casi siempre, lo mejor es discutir con números y recoger la ejecución presupuestaria de las dos últimas legislaturas. En cualquier caso, nada indica que la diferencia entre los presupuestado y lo ejecutado haya ido para Cataluña.
Como criterio general, los asturianos no nos podemos quejar –aunque mucha gente lo haga- del dinero que llega del Gobierno central a Asturias en los últimos diez años. Sólo en una partida especial, que antes no existía, como los fondos mineros, tenemos asignado en el actual Plan de la Minería, 1.716 millones de euros. Una barbaridad. Los catalanes no nos quitan nada, aunque ya tienen instrumentos legales para recibir trato de privilegio en los próximos años.