Los ayuntamientos utilizan las tijeras con el gasto municipal para poder equilibrar las cuentas. Los ingresos de los consistorios caen, como los del resto de administraciones, y debe reducirse el gasto. Una de las medidas más extendidas consiste en congelar los sueldos de alcaldes y concejales para no crear agravios comparativos con los ciudadanos, que ven cómo en España se van al paro 5.000 personas al día. Sin embargo, para las cuentas de los ayuntamientos el ahorro logrado por esa vía es más bien simbólico. Por ejemplo, en Gijón se ahorran 76.000 euros con la congelación de sueldos de los cargos públicos. En este asunto siempre hay margen para la demagogia, como la renuncia de Gabino de Lorenzo a cobrar el sueldo de alcalde para ser remunerado como pensionista. Durante muchos años fue el responsable político asturiano con un sueldo más alto (bastante más elevado que el del presidente del Principado) y ahora presenta su renuncia como un beneficio para el Ayuntamiento de Oviedo, que se ahorrará su paga. Choca contra el sentido común la idea de ver a una persona trabajar diez horas al día y cobrar pensión. En cualquier caso, tan gravoso es para la sociedad que un ciudadano sea remunerado por la Seguridad Social como por cualquier otra institución pública.

Hay otra forma de ahorrar mucho dinero en el capítulo de nóminas que consiste en congelar los sueldos de los funcionarios. Por esa vía los ayuntamientos harían una importante contención del gasto. En esta materia, la decisión debe provenir del Gobierno central, porque no cabe congelar los sueldos en las comunidades autónomas y los ayuntamientos si el Ministerio de Economía no hace lo propio con los funcionarios del Estado. Una de las decisiones más inconsecuentes del Gobierno de Zapatero fue no introducir la congelación salarial en los Presupuestos Generales del Estado de este año. Con esa medida se ahorraba 3.000 millones de euros. Es muy difícil pedir a los agentes sociales que moderen sus demandas salariales, cuando el propio Gobierno incrementa los sueldos públicos por encima del doble de la inflación.

Los ayuntamientos meten la tijera en las subvenciones y realizan gestos voluntaristas sustituyendo bombillas por otras de bajo consumo. Dentro de un par de años tendrán que replantearse todo el sistema de gestión.