Finalizada la digestión de los resultados electorales en Galicia y el País Vasco, el Gobierno retoma la negociación con las comunidades autónomas sobre el modelo de financiación. El proceso tiene un desfase temporal considerable, porque debía haber concluido el pasado 9 de agosto tal como se contemplaba en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero la negociación con tantos interlocutores resulta más laboriosa de lo que había previsto el vicepresidente Solbes. El cambio de gobierno en Galicia implica un nuevo retraso, al no existir en estos momentos interlocutores por parte de esa comunidad autónoma.

La cifra avanzada por el Gobierno para satisfacer todas las demandas regionales es de 7.000 millones de euros, una cantidad que admite pocos deslizamientos, porque el Ejecutivo no tiene más dinero. El pasado año, el Estado recaudó por IVA un 14% menos que en el 2007, y por IRPF tuvo un descenso del 1,8%, así como un 1,1% de disminución por Impuestos Especiales. Con estas tres figuras fiscales se financia a las comunidades autónomas. A partir de estos datos hay que trocear la tarta, partiendo del hecho de que está casi todo el pescado vendido. De hecho, Manuel Chaves ha declarado, hace ya un mes, que la negociación estaba cerrada, por lo que respecta a la Junta de Andalucía. Pretender que el proceso se encuentra completamente abierto es un truco de las comunidades autónomas para arañar algunos millones de euros antes de la firma del acuerdo.

La incógnita real reside en la negociación con Cataluña, único territorio que mostró una abierta insatisfacción con el modelo presente, y que presionó para negociar una nueva fórmula. A la Generalitat le ofrece el Gobierno 1.400 millones adicionales, pero contaban con recibir más del doble. Montilla está atrapado entre las presiones de sus socios y la imposibilidad material de Solbes para ser más generoso. Por lo que respecta a Asturias, puede favorecernos la llegada de Núñez Feijóo a la Xunta de Galicia, aunque el movimiento de cifras será mínimo. En toda la negociación las comunidades del PP no han sido un ejemplo de oposición al Gobierno. Ese papel lo jugará Rajoy cuando lleguen al Parlamento las variaciones introducidas en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).