El próximo viernes se cumplen 30 años de las primeras elecciones municipales. Los comicios sirvieron para que la izquierda obtuviera las primeras parcelas de poder después de la guerra civil. Un mes antes se habían celebrado las segundas elecciones generales (1 de marzo de 1979), ganadas por la UCD, lo que propició el pacto en los ayuntamientos entre el PSOE y el PCE, que se concretó en el voto conjunto a la lista más votada de la izquierda. Gracias a la alianza las principales ciudades de España tuvieron alcalde socialista. En Asturias, sólo Oviedo quedó al margen de esta regla general.
En tres décadas el cambio producido en las ciudades ha sido enorme, aunque no todas las novedades fueron producto de las corporaciones municipales. Los gobiernos locales introdujeron normas racionales en el desarrollo urbano, así como potentes redes de servicios sociales, y asumieron la gestión cultural como cosa propia. Desde la crisis económica de 1993, tomaron una participación significativa en las políticas de empleo. En los servicios públicos, sólo quedaron al margen en la gestión de la sanidad y la educación.
El discurso de la descentralización favorecía teóricamente a los ayuntamientos, porque la consigna de gestionar desde la proximidad caló muy pronto entre la ciudadanía, pero los afanes expansivos de los alcaldes chocaron con un competidor poderoso: las comunidades autónomas.
En términos políticos, la situación podía resumirse así: el Estado centralista tenía la peor imagen posible, al estar asociado al franquismo, así que la política progresista consistía en trasvasar competencias del Estado a otras administraciones territoriales. En esa pugna por repartirse la túnica del Estado ganaron la partida las comunidades autónomas. Los ayuntamientos carecían de un discurso con pretensiones hegemónicas en el debate político. Todo quedaba reducido a pedir descentralización para gestionar las necesidades de los ciudadanos desde la cercanía.
De forma simultánea, las comunidades autónomas reivindicaron el poder bajo el liderazgo del nacionalismo catalán y vasco, que querían tener competencias equivalentes a las de un territorio soberano. La política del “café para todos” extendió el poder por el resto de las regiones. Las comunidades autónomas sí pretendieron alcanzar la hegemonía en el debate político español, llegando a descalificar al Estado en múltiples ocasiones. Las ausencias -y el tamaño de las presencias- de la bandera nacional en las sedes oficiales de las comunidades autónomas ilustran sobre la difícil convivencia del poder central con el nuevo poder emergente. Sí los ayuntamientos buscaron legitimarse con el argumento de la proximidad, las comunidades autónomas ganaron poder con el discurso de la identidad. Hasta los hospitales y teatros pasaron a ser un símbolo de identidad autonómica. El poder regional puso techo a los ayuntamientos.

Números y efectos

No son palabras, son números: los ayuntamientos españoles gestionan el 16% del gasto público total, mientras que en Francia la cuota de gasto supera el 20%, en Italia llega al 31% y en Inglaterra es del 29%. En los países europeos con estructura federal los ayuntamientos gestionan el 25% de los recursos y las entidades federadas el 30%. En España las comunidades autónomas triplican en recursos a los ayuntamientos.
La jerarquía autonómica también quedó presente en los recursos aportados a los ayuntamientos, que tomaron forma bajo la figura de la “subvención condicionada”, en la que el destino del dinero entregado a los alcaldes venía decidido por el gobierno regional de turno.
Los ayuntamientos quedaron atrapados en un dinámica enfermiza, consistente en asumir la gestión de servicios que no les competen (seguridad, infancia, igualdad) y que representan el 30% de su gasto, sin tener acceso significativo a las grandes figuras tributarias (IRPF, IVA). La disputa por los ingresos fiscales se juega entre el Estado y las comunidades autónomas. La situación financiera de los ayuntamientos es desesperada.
El primer efecto perverso del desnivel de ingresos y gastos está en la gestión urbanística practicada en los últimos años, que ha dejado a las ciudades con unos defectos parecidos a los tiempos en que no existía el planeamiento democrático. La necesidad de obtener ingresos del suelo ha llevado a cometer o permitir excesos.
La única nota positiva en este escenario ha llegado por una vía sorprendente: el Fondo Estatal de Inversión Local, creado por Zapatero, y dotado con 8.000 millones de euros para luchar contra el paro. Esta iniciativa se ha analizado dentro de la lucha contra la recesión económica, pero admite una interpretación distinta: es el primer gran trasvase de recursos económicos del Gobierno a los territorios que puentea a las comunidades autónomas. Una operación así no tiene precedente en tres décadas de ayuntamientos democráticos.
Dos enseñanzas prácticas para el futuro inmediato: las finanzas municipales admiten mejora de la mano del Estado, y la fórmula del beneficio no consiste en meter mano en la saqueada cesta de impuestos, sino en llegar a convenios o conciertos con el Gobierno central que se inserten en las políticas de Estado. La fluida cooperación que el Gobierno no encuentra en las autonomías otorga un imprevisto papel a los ayuntamientos.