En el Congreso de los Diputados se discute una proposición de ley presentada por el Parlamento de Cataluña sobre rescate y rebaja de peajes en vías de comunicación. La idea central del proyecto consiste en crear un fondo dotado con recursos del Estado y de las comunidades autónomas, a los que se añadirían los tributos cobrados a las empresas concesionarias. A cada región le correspondería una parte del fondo global y lo administraría como lo considerara más conveniente.

La idea de rescatar peajes de autopistas y autovías surgió en medio de la anterior legislatura, cuando las ocurrencias, deseos y caprichos de los partidos catalanes se convertían en mandato para Zapatero. Los catalanes gastan mucho en peajes, pero también disponen de vías de doble calzada desde hace casi cuarenta años. Por cierto, el resto de españoles cuando viajamos por Cataluña también pagamos como ellos. A partir de ahí todo el mundo sacó sus peajes regionales y los puso en manos de los Presupuestos Generales del Estado. No hizo falta presionar mucho al Gobierno porque el propio Zapatero había abierto la espita en la campaña electoral del año 2004, cuando hizo promesas en clave de líder opositor, diciendo que iba a suprimir el peaje del Huerna. En el año 2005 se creó un fondo para peajes, que sólo estuvo dotado el primer año. En los últimos ejercicios el Gobierno optó por compensar a las empresas que rebajaban las tasas.

La propuesta que está ahora en el Parlamento tiene un aspecto discutible: el Estado pone gran parte del dinero y la comunidad autónoma decide qué peaje se rebaja, aunque se trate de vías de interés nacional. Pero el verdadero despropósito está en creer que en plena recesión, cuando se destina dinero para intervenir en cajas de ahorro, pueden las administraciones permitirse el lujo de dotar fondos para rebajar el pago de los particulares. En tiempos de bonanza pueden los gobiernos acometer actuaciones extraordinarias, como el rescate de peajes, pero cuando se prevé recaudar 30.000 millones de euros menos que el pasado año, crear un fondo para suprimir las tasas a viajeros y mercancías es un lujo que no se puede permitir el país. Lo más llamativo de este asunto es que la proposición de ley del Parlamento catalán haya sido aceptada por unanimidad en el Congreso de los Diputados.