Jaime Rabanal prevé un pronto desenlace sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, al menos en lo tocante a Asturias. El consejero de Economía limita los desacuerdos a la valoración que se hace de la dispersión de la población y a la cifra final ofertada por el Gobierno al Principado.
La negociación empezó hace más de un año; los políticos han hecho cientos de declaraciones sobre ella y se han escrito miles de artículos. Hablar del modelo de financiación es cualquier cosa menos una novedad. Con estos precedentes, poner el acento en la dispersión de la población puede parecer normal a las personas que están en la negociación, pero para el público constituye un ataque a su paciencia. ¿A la hora de financiar la sanidad, los servicios sociales, la educación, la universidad, el medio ambiente, la Administración de la Justicia, es tan relevante la dispersión de la población, partiendo del supuesto de que más de 800.000 asturianos estamos concentrados en apenas 3.000 kilómetros cuadrados, atravesados por autovías?
Hay datos mucho más significativos para llegar al precio justo, que son completamente desconocidos, como los costes estándar de gestión de un centro de salud, un hospital o un parvulario. Se desconoce hasta qué punto los recursos recogidos en el presupuesto de cada región son fruto de la necesidad o de la particular gestión de cada comunidad autónoma. Sin embargo, en lo que tiene toda la razón el consejero de Economía es en darle importancia a la cifra final. Digamos que toda la prolija negociación es un tremendo galimatías para ponerse de acuerdo sobre el dinero que entrega el Estado a cada región.
Aunque el Estado tiene mucho menos dinero que hace un año, las comunidades autónomas recibirán más recursos de los que tienen ahora. En el año 2006, contaron con 110.000 millones de euros; en el 2007, con más de 114.000 millones. Y ahora Elena Salgado dice que el Gobierno pondrá sobre la mesa otros 9.000 millones adicionales, que podrán ampliarse. Si las arcas del Estado han quedado maltrechas por la crisis económica, pronto sufrirán un duro recorte para poder gobernar con el beneplácito de las comunidades. Un proceso que se llevará a cabo sin un debate político. Se buscan rasgos distintivos de cada región para obtener más financiación, aunque sea a costa de la fortaleza del Estado.