EL Principado quiere introducir en la negociación de la financiación autonómica el gasto en personas dependientes. En Asturias hay registradas 24.423 personas, lo que supone el 2,81% del censo nacional de la dependencia. La hipotética partida sería financiada con el fondo de suficiencia, dado que el citado fondo está reservado en el nuevo modelo a costear los servicios no esenciales (vivienda, universidad, empleo, medio ambiente).

Vaya por delante que si Areces consigue más recursos por esa vía será un éxito político para el Principado y un beneficio para todos los asturianos, pero el asunto me parece muy complicado. La aplicación de la Ley de Dependencia pasa por una primera operación que consiste en inventariar a los potenciales beneficiarios de la ley. Esta tarea no se ha hecho de una forma homogénea en todas las comunidades ni en los mismos plazos. La pretensión de Asturias será imitada por el resto de territorios y se empezará a trabajar con cifras heterogéneas. Pongo un ejemplo. Con una comunidad tan envejecida como la nuestra, me parece chocante que sólo haya un 2,81% de los dependientes de todo el país, cuando en Asturias los mayores de 75 años representan el 11,65% de la población regional, mientras que en España la gente que supera esa edad representa el 8,18% del total. Pero lo más prolijo consiste en ponerse a fijar un coste estándar por dependiente para saber la factura global que se cargaría al fondo de suficiencia. Cuando quedan pocos días para cerrar la negociación me parece precipitado hacer ese estudio.

No entiendo por qué el Principado y la ministra Salgado abren ese capítulo, cuando hay otra manera más efectiva de contar con financiación del Estado, que consiste en atenerse a lo previsto en la Ley de Dependencia: cada administración aporta el 50% del gasto anual. Hasta la fecha, las comunidades autónomas están sufragando la mayor parte de los gastos en dependencia, así que el Estado sólo tiene que pagar una factura que ya se le pasó a cobrar y se ha hecho el despistado. El último ejemplo lo tenemos en la actitud de la ministra Trinidad Jiménez, que estuvo esta semana en Asturias pidiendo tiempo y comprometiéndose a abonar las ayudas no recibidas por los dependientes que fallecieron, pero no dijo ni una palabra del gasto de los vivos, que afortunadamente son muchos más.