Fuentes de Presidencia del Gobierno anticipan que Zapatero hará el domingo en Rodiezmo una intervención centrada en la política presupuestaria, con el anuncio de un importante recorte del gasto público, y garantizando que los impuestos no subirán para los pobres. Como Rodiezmo es la cita que abre el curso político, hay que entender que la prioridad del presidente de Gobierno está en la lucha contra el déficit público para lo que necesita aprobar unos Presupuestos Generales del Estado austeros, con unas pocas prioridades de gasto que atender y una mayor recaudación fiscal a través de unos tipos impositivos más altos en algunas figuras fiscales.

Ya era hora de que el presidente hiciera un discurso realista ante la crisis económica, porque para hablar de derechos irrenunciables ya están los sindicatos. Al parecer, Zapatero anunciará recortes en todo tipo de partidas presupuestarias, con la excepción de las pensiones, la cobertura de desempleo, la educación y la sanidad. Alguna vez dijimos desde estas líneas que las únicas prioridades sociales a defender en medio de la crisis económica son las pensiones y las prestaciones del paro. Hay otro tipo de compromisos, como los derivados de la Ley de Dependencia, que son muy loables, pero es urgente dejarlos en suspenso hasta que se restablezca una cierta correspondencia entre lo que se recauda y lo que se gasta. La sanidad y la educación están gestionadas por las comunidades autónomas, así que no generan un gran desembolso al Gobierno, más allá de la transferencia de recursos que hay que realizar para poner en marcha el nuevo modelo de financiación autonómica.

En España, pese a las opiniones de los ‘progres’ que consideran muy endeble nuestro modelo de bienestar, tenemos un sistema de pensiones contributivas muy generoso y una cobertura de desempleo superior a la de los principales socios europeos: en Francia, Italia, Inglaterra y Alemania la cobertura es inferior. Defender ese capital es una garantía para la tercera edad y para los trabajadores. El crecimiento del paro en 1.300.000 personas, del último año, ha supuesto un gasto extra de 17.000 millones de euros. La factura total del paro se sitúa este año en 36.000 millones de euros y las pensiones alcanzan los 106.000 millones. No creo que el Gobierno deba asumir más compromisos sociales.