Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), tiene ideas propias sobre el destino del nuevo fondo de inversión local, presupuestado por el Gobierno en 5.000 millones de euros. El presidente de la FEMP quiere que una parte de los recursos se dediquen a financiar gasto social (becas, comedores, teleasistencia). El objetivo anunciado por Zapatero consistía en invertir todo el dinero en proyectos dedicados a nuevas tecnologías, medio ambiente y protección social. La diferencia entre el plan del Gobierno y la propuesta de Castro estriba en que los proyectos sociales de Zapatero iban destinados a inversiones en equipamientos, mientras que el presidente de la FEMP habla lisa y llanamente de financiar gasto corriente.

Lo que pretenden los alcaldes (es de suponer que la idea de Pedro Castro responda a una aspiración colectiva) es obtener un fondo de financiación de servicios públicos que les compense de la negativa del Gobierno a negociar un nuevo modelo de financiación municipal. Se trata de una aspiración natural ante la caída de la recaudación tributaria que les deja sin una tercera parte de los ingresos. Lo que ocurre es que en tiempo de privaciones las peticiones de ayuda son muy razonables, pero los recursos son escasos para todos, incluyendo al propio Gobierno. Las tres administraciones van a tener el mayor déficit público del que haya memoria a final de año, y sorprende que ninguna de ellas estudie una reducción drástica de gastos. Zapatero ya anunció que mantendrá el cheque-bebé, y no va a recortar el gasto social, aunque, por lo menos, va a aprobar una subida fiscal para reducir el agujero presupuestario. Comunidades autónomas y ayuntamientos se niegan a cualquier revisión de tributos y tampoco valoran la disminución de los gastos. Los niños no ayudan a financiar las compras de los Reyes Magos ni están dispuestos a borrar un juguete de la carta. Esa es la mentalidad de gobiernos autónomos y alcaldes.

Dudo que el Zapatero acierte destinando 5.000 millones para hacer obras en los ayuntamientos con el desfase que hay entre ingresos y gastos. Ahora bien, lo que resulta descabellado es dedicar parte de ese dinero a financiar gasto corriente, mientras los alcaldes no aprueben un plan de saneamiento para los consistorios.