El presidente Areces va a dar a conocer en el debate sobre el estado de la región la manera en que va a pagar a los enseñantes el complemento correspondiente a la carrera profesional que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). El fallo judicial dio la razón a un recurso presentado por varios sindicatos que denunciaban la falta de cobertura legal para pagar ese complemento. Como se trata de una cuestión formal, el remedio del Principado también será de esa naturaleza: se mantiene la entrega de dinero, ampliando el plazo para los profesores que no hubiesen solicitado el complemento, y dando otra denominación al plus salarial, al llamarlo “complemento de productividad”.
Ya que todo el embrollo, jurídico-sindical-administrativo, se desarrolla desde una perspectiva formal (nunca el Principado ni los sindicatos pusieron en duda la necesidad de aplicar el plus en las nóminas), toca preguntarse a qué responde la entrega de dinero y si es oportuno llevarla a cabo en las condiciones previstas.
La concesión de la denominada, “carrera profesional”, al funcionariado fue una decisión de las Cortes Generales que plantea una contradicción inicial, ya que si algo se les reconoce a los funcionarios es su titulación, clave en la fijación del salario base y su complemento de destino. Al funcionario se le remunera sobre todo por su acreditación para la plaza obtenida en propiedad. Como la carrera profesional tiene distinta remuneración según los años de antigüedad, también provoca una contradicción con el plus de antigüedad (trienios, y sexenios en la educación) que tienen todos los funcionarios. En definitiva, que más allá de los discursos políticos y los recovecos jurídicos, la carrera profesional remunera conceptos ya retribuidos, como son la titulación o categoría laboral y la antigüedad. Cabría buscarle al plus de carrera profesional un beneficio social, a través de una mejora del servicio público, y para ello debería vincularse al cumplimiento de objetivos, como la reducción de las listas de espera, en sanidad, o el dominio del inglés y el manejo de las nuevas tecnologías entre el alumnado, en educación. En Asturias, se gasta el dinero de los ciudadanos en cumplir con una carrera profesional reducida a simple adhesión a un protocolo. Imposible cambiar el statu quo.