En la apertura del año judicial se dan cita dos preocupaciones, la posible huelga de jueces, retomando las movilizaciones del curso pasado, y el papel de la Fiscalía en los casos de corrupción.

Desde que Francisco Caamaño relevara a Mariano Fernández Bermejo al frente del Ministerio de Justicia, los esfuerzos por pacificar las relaciones entre el Gobierno y el Poder Judicial han sido notables. El Gobierno fue consciente de la necesidad de rebajar la tensión entre los dos poderes del Estado, y cambió de táctica con los jueces. La medida más visible para cerrar el contencioso es el llamado, Plan Estratégico de Modernización de la Justicia, que con 600 millones de euros supone la mayor oferta de plazas para jueces, fiscales, secretarios de juzgado y funcionarios, que haya habido nunca. En el citado plan también se contempla una amplia informatización de los juzgados, para que tengan sus bases de datos conectadas y haya una actualización de los registros. Durante la última huelga de la Justicia se publicaron muchas fotos de dependencias judiciales atiborradas de expedientes, y ahora se pretende lograr el objetivo de “papel cero”. Más jueces, más funcionarios y más ordenadores para modernizar la institución que funciona de una forma más arcaica de nuestra democracia.

La queja sobre el sesgo favorable al Gobierno en la actuación de los fiscales es una constante de la etapa democrática. Cuando una situación así se repite durante treinta años se debe concluir que el problema no está en los gobiernos ni en los fiscales, sino en el estatus de la Fiscalía. Habría que introducir cambios en el papel del Ministerio Fiscal para que fuese más visible su independencia. Desde principios del 2009 han aflorado más casos de corrupción, alcanzando gran notoriedad todo lo relativo al caso Gürtel. Pese a las denuncias realizadas por María Dolores de Cospedal todavía no se ha podido demostrar nada sobre el comportamiento espurio de jueces y fiscales, si exceptuamos las filtraciones a la prensa de los sumarios. Siempre que se incluye a un político en un sumario se critica la manipulación de la Justicia. Detener, juzgar y encarcelar a un ciudadano que vive en un barrio marginal y vende sustancias prohibidas es muy sencillo. Para eso no hacen falta ni ordenadores ni convocatorias extraordinarias de jueces y fiscales.