Fin de semana de retiro espiritual, en Toledo, del Gobierno y del equipo de dirección de Núñez Feijóo. Lo necesitaban. La semana ha sido tremenda. En el primer pleno parlamentario se juntó la tensión por el resultado incierto de la votación con una negociación sin líneas rojas, donde el partido de Puigdemont impuso unos deberes muy costosos al Ejecutivo que rompen las costuras del marco constitucional.

Como en las semanas previas a la investidura de Pedro Sánchez, la agenda nacional la marca el expresidente catalán fugado, entonces con la amnistía, y ahora tomando por las bravas la gestión de la inmigración, dando incentivos a las empresas que retornen a Cataluña, dejando al aceite de oliva sin IVA, ordenando la publicación de las balanzas fiscales y haciéndose un traje legal a su hechura para evitar que se retrase la autoconcesión de la amnistía.

Ya sé que varias de las imposiciones son irrealizables. Por ejemplo, en cuanto un juez presente cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la amnistía se dilatará en el tiempo. El control absoluto sobre la inmigración no es posible, pero habrá que ver cómo queda la ley orgánica que anunció Bolaños para encauzar esta demanda. El estudio sobre las balanzas fiscales ya fue realizado, de forma oficial, durante el primer mandato de Rajoy, por el economista gijonés Ángel de la Fuente. Imagino que ese trabajo no le convence a Puigdemont, porque en el sistema de cuentas públicas territorializadas, presentado por De la Fuente, Madrid aporta 2,5 veces más que Cataluña: 19.051 millones (Madrid), frente a 7.439 millones (Cataluña). Seguro que Puigdemont prefiere dar por buenos los ratios y gráficos victimistas de TV3.

Sobre los incentivos a las empresas para que retornen a Cataluña, pueden los gobiernos de las regiones donde están actualmente las sedes sociales de las empresas, impugnarlos por ilegales. Así lo ve la justicia europea. En 1993, cuando el Gobierno vasco planteó incentivos fiscales para atraer empresas de otros territorios, rebajando la tributación por el Impuesto de Sociedades, los gobiernos de Cantabria y La Rioja protestaron por competencia desleal, y la Comisión Europea los consideró ilegales. Posteriormente, el Tribunal de Justicia de la UE obligó al Gobierno de España a recuperar las «vacaciones fiscales» (nombre popular que recibió el incentivo) por ser incompatibles con las normas europeas.

El problema está en que, si las cosas no salen a gusto de Puigdemont, volverá a la carga con otras demandas; el Gobierno no se ha atrevido, todavía, a decirle que no. El pleno del Congreso de los Diputados, de esta semana, prefigura cómo va a ser el mandato. Nunca fue la política tan opaca. El Gobierno no ha explicado los acuerdos alcanzados con los independentistas. La Constitución no es un impedimento para que las huestes de Puigdemont presenten propuestas rupturistas que el Gobierno se aviene, siempre, a negociar. En España, la iniciativa política y parlamentaria la tiene un grupo, Junts per Catalunya, que sólo sacó 392.634 votos en las elecciones generales.

La cuestión de más calado es la de la inmigración. Sin entrar en el fondo del asunto, quisiera destacar que para el nacionalismo catalán es de enorme importancia, porque la inmigración puede acabar con su hegemonía electoral. Los migrantes son ya 1,6 millones, más del 21% de la población catalana. Hace treinta años no llegaban al 2%. El malestar del nacionalismo con el mestizaje da la medida de su progresismo.

El decreto-ley presentado por Yolanda Díaz sobre la reforma de los subsidios por desempleo no fue validado en la Cámara. Para recuperarse de la derrota parlamentaria, la vicepresidenta cerró el acuerdo sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con los sindicatos, sin la presencia de la patronal. Yolanda Díaz dio por buena la petición sindical y el SMI experimentó una subida del 5%, quedando fijado en 1.134 euros al mes. En Asturias representa ya el 61,6% del salario medio.

La presidenta de la Fade abordó esta cuestión, en un doble plano, la falta de receptividad de la vicepresidenta del Gobierno a las propuestas de la CEOE y lo que supone la subida del SMI para las empresas asturianas y, especialmente, para las pymes. En los últimos seis años, el salario mínimo creció el 54%, planteando a sectores de baja rentabilidad, como el agro y el comercio, problemas de viabilidad. De poco vale una fuerte subida salarial si no la pueden digerir las empresas y se resiente el empleo. María Calvo destacó que las pymes asturianas asumen unos gastos de personal que representan un esfuerzo retributivo sin parangón en la mayoría de las regiones.

Yolanda Díaz presume de diálogo social, entendiendo por tal, sumarse a las propuestas sindicales. Creo que Antonio Garamendi (CEOE), por desconocimiento de la política madrileña, tardó media legislatura en entenderlo, pero ahora ya no acepta juegos de cartas de dos contra uno. En cuanto al SMI, tiene ahora la particularidad de alcanzar a muchos más trabajadores que en 2018, por haber aumentado sensiblemente su cuantía. Cuando son pocos los interesados, la repercusión no es grande, pero al crecer la masa de trabajadores concernidos (2,5 millones) la factura se multiplica. Como la ministra no entra en estas disquisiciones, necesitará chocar con la encuesta de empleo para ampliar el diálogo social.