El nuevo intento de negociación entre los trabajadores de ITVASA y la empresa fue baldío. La reunión terminó sin moverse un ápice las posiciones de ambos. Por primera vez participó el Principado, con Isaac Pola, viceconsejero de Industria. Los sindicalistas mantuvieron sus reivindicaciones de implantar la semana de 35 horas, la contratación de más mano de obra (condición necesaria para evitar las horas extra estructurales) y un plus de antigüedad. El acuerdo sobre estas medidas fue la llave para finalizar la huelga de 2019, pero con la llegada de la pandemia no se ejecutaron. La empresa pidió retrasar la aplicación de la nueva jornada al mes de septiembre, para reducir las insoportables listas de espera, y aumentar la productividad de los trabajadores, pasando de 13 revisiones diarias a 15. La reunión fracasó, porque los trabajadores querían nuevas contrataciones e Isaac Pola se negó. La huelga continúa.

Adrián Barbón advirtió de que si el conflicto se prolonga el Principado podría terminar con el sistema público dando entrada a empresas privadas, como ocurre en todas las comunidades autónomas, con la excepción de Asturias y Andalucía. En el sector está demostrado que la competencia entre empresas conlleva una atención más rápida y un servicio mejor para los ciudadanos. El sistema actual sólo aporta más poder para el Principado y da una mayor fuerza a la representación sindical, que al tener la exclusiva del servicio puede convertir un conflicto laboral en un problema social de primer orden, como ocurre en este caso, con un tiempo de espera mínimo de cuatro meses, que obliga a los automovilistas a viajar a otras regiones en busca de la acreditación o circular irregularmente, con la esperanza de no ser sancionados. En esa disyuntiva se ven cientos de miles de asturianos.

El presidente del Principado abogó por la cesión de las partes para solucionar el conflicto. A su juicio el Gobierno ya cedió al defender el modelo público. La naturaleza jurídica del servicio es un asunto político, sobre el que debate el Gobierno con la oposición. Álvaro Queipo (PP) ya registró una propuesta en la Junta General del Principado para cambiar de sistema, dando entrada a la iniciativa privada. El conflicto en la empresa se dirime sobre condiciones laborales, antes mencionadas. Ahí sólo hubo modestos tanteos. Hasta el momento, el único cambio sustancial en la negociación es la implicación del Principado, con la participación del viceconsejero de Industria. Urge una solución.