Hay noticias que causan desasosiego, no por su dureza ni por la carga de pesimismo que encierran, sino porque dejan cabos sin atar, producto de decisiones que desconocemos, aunque las consecuencias sean rotundas, inapelables. Vayamos con dos ejemplos de la actualidad.

Empiezo por el más digerible y termino con el más inquietante. La huelga indefinida de las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITVASA). La interrupción del servicio viene de principios de otoño. Está llevándose a cabo otra tanda de paros -lunes, miércoles y viernes, durante todas las semanas-, que se prolongará hasta Semana Santa. Los sufridos automovilistas esperan, de media, cuatro meses para poder estampar la ansiada pegatina en el cristal del coche. Y a cada semana aumenta el tiempo que se está a la cola.

El jueves se celebró una reunión para tratar de poner fin a la huelga, en la que por primera vez participó un miembro del Gobierno (Isaac Pola, viceconsejero de Industria). Simplificando: los sindicalistas piden que se contrate a más trabajadores para poder implantar la jornada de 35 horas y el Principado no está por la labor y propone retrasar la medida hasta septiembre.

No se entiende que una huelga que crea tantos quebraderos de cabeza a cientos de miles de asturianos las dos partes concernidas la contemplen de una forma tan relajada. A la primera desavenencia, se levantan de la mesa y a correr.

En aras a la confusión, se organiza un debate político sobre el cambio de modelo en la prestación del servicio. Adrián Barbón amenazó a los trabajadores con la privatización de ITVASA, permitiendo la entrada de empresas privadas. Álvaro Queipo (PP) registró una iniciativa en la Junta General del Principado para pasar a un sistema de inspección abierto a las empresas, intuyendo que Barbón juega de farol. Para rematar, llega IU, miembro del Gobierno de coalición de la izquierda, y dice tres cosas: no contemplamos las privatizaciones; privatizar es hacer dejación de responsabilidad; un gobierno participado por IU no amenaza con privatizar.

Obsérvese que nadie dice nada sobre contratar a más trabajadores, ni sobre cualquier otro asunto tocante a la negociación. El conflicto laboral no interesa, sólo importa el eterno debate ideológico asturiano sobre gestión pública y privada.

El Principado, por la responsabilidad que le atañe al ser una empresa autonómica, debería tratar de detener la huelga. Lo primero es informar. Al día siguiente de la negociación tendría que convocar una rueda de prensa y explicar todos los extremos del conflicto. ¿Por qué se niega a contratar a más personal, si ese era un asunto acordado tras la anterior huelga? ¿Por qué, si más de 40.000 empleados autonómicos trabajan 35 horas semanales, no se puede aplicar ese sistema en ITVASA? ¿Hasta cuándo considera que se puede mantener la situación anómala? ¿Le parece admisible que los ciudadanos sean multados por las carreteras al no haber podido renovar la acreditación de ITVASA?

En este asunto hay cuestiones que ignoramos, que nos ocultan. Hay una diferencia entre el impacto que produce en la sociedad la huelga y la forma en que las partes viven el conflicto.

La cuestión inquietante de la actualidad es la aparente, al menos, negativa de Arcelor a aplicar el plan de transición hacia la producción de acero verde. El 13 de julio de 2021 tuvimos la agradable sorpresa de ver a la familia Mittal, padre e hijo, presidente y consejero delegado, presentando la profunda reforma de la siderurgia asturiana, mano a mano con Pedro Sánchez. Pocas veces, en lo que va de siglo, tuve la sensación de que éramos tan importantes los asturianos. El plan parecía muy sólido, por el relieve de las personalidades que lo presentaban. También me pareció que suponía un cambio radical, muy ambicioso, en la forma de producir acero. Tranquilizaba saber que los 1.000 millones para la pieza clave del proyecto, la planta de reducción directa del mineral de hierro (DRI), estaban asegurados. Tuve una tercera y última percepción el 13 de julio de 2021: en caso de fracasar el plan de descarbonización, no habría alternativa; nuestra siderurgia tendría los días contados.

La Comisión Europea dio luz verde al proyecto y los 450 millones de euros previstos quedaron a disposición de ArcelorMittal. La otra mitad de la inversión la pondría la empresa. Empezaron a pasar semanas y meses y nada avanzaba. El Ministerio de Industria y el Principado mantuvieron silencio.

En las plantas asturianas, los equipos que iban a empezar a preparar la transformación siderúrgica se deshicieron. Entre la gente del sector se empezó a hablar del escaso tiempo para hacer las inversiones, del alto precio de la electricidad y del coste del hidrógeno verde. Desde las dos administraciones, Estado y Principado, se dijo que hay un diálogo fluido con la empresa.

La multinacional bascula sus inversiones de Europa a la India, Brasil, Canadá, Estados Unidos, etcétera. En Dunkerque (Francia) tiene un proyecto como el de Gijón, pero con el suministro eléctrico barato de la empresa pública (EDF).

En esas estábamos, y Barbón tomó la palabra y exigió a la empresa cumplir con el proyecto y le recordó que tiene un compromiso con el territorio.

¿Por qué un cambio tan brusco? Como no se informa a la población, me inclino a pensar que tras el repliegue de Mittal -apaga un horno, abandona Italia-, el Ministerio de Industria ya da por perdido el proyecto.