Ayer, por cuarta vez, el Partido Popular recibió la oposición de todo el arco parlamentario hacia sus propuestas en materia de política antiterrorista. La proposición no de ley pedía, fundamentalmente, dos cosas. Una, la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca y el Partido Comunista de las Tierras Vascas y dos, la revocación de la resolución aprobada en mayo de 2005 que autorizaba a la negociación con ETA. Bien, vayamos por partes. Complicado tenía, y ellos lo sabían, que dicha proposición prosperase en la Cámara. En ambos casos, tanto la ilegalización como la revocación del permiso, sería admitir un error por parte del Ejecutivo y, claro, difícilmente, se iban a votar contra sí mismos. Después de recabar pruebas (más que un CSI, por cierto) el Gobierno piensa instar la ilegalización de ambas organizaciones, con lo cual, lógicamente, dará por hecho que aquella depuración a la carta, o sea, por listas tal y como se llamó, fue un arma que no sirvió para mucho. Decidir dentro de un entramado político de este tipo quién, por decirlo así, es bueno y quién es malo; resulta casi imposible. O se ilegaliza un partido o no y punto, sería la moraleja del asunto. Por otra parte, la revocación del mandato tendría tintes de admitir públicamente el fracaso en una negociación (cosa, claro está, que ya todos sabemos), por lo que, de momento, tendremos que fiarnos de su palabra de que no habrá ningún tipo de contacto. Sería, a mí modo de ver, imperdonable que eso sucediera y, francamente, pienso que no se volverá a tropezar con la misma piedra, ¿o no?