Nunca hay huelgas cómodas para un gobierno. Todas, en general, suelen producir bastantes quebraderos de cabeza. Ahora bien, cuando hablamos del transporte yo creo que los problemas se hacen aún mayores. La que hoy comienza gira en torno a la importante subida del combustible que, según se manifiesta desde el sector, les hace perder dinero en cada porte. Tal y como cuentan, firman contratos de un año con sus clientes y no tienen ninguna cláusula de revisión al alza por el coste del combustible. Piden, por tanto, un precio mínimo sobre el cual gire la contratación además de una serie de medidas de carácter social y económico (planes de jubilación especiales o líneas de crédito). Sin embargo, hay que reconocer que no es una negociación fácil para el Ministerio de Fomento. Primero, porque tendrían que intermediar en la relación transportista-cliente actualmente existente y segundo, porque del resultado de la misma irán colgados otros sectores (agricultura o pesca) que se ven afectados de la misma manera por el problema. Así, pues, mucho tendrán que negociar para buscarle una solución a un conflicto en el que están involucrados, no sólo los camioneros españoles, sino los de toda Europa.

Buena prueba de ello -de lo difícil de encontrar una solución satisfactoria- es la reivindicación de eliminar el céntimo sanitario. Como saben, algunas comunidades (entre ellas la nuestra) recargan un céntimo de euro por litro la gasolina con el fin de pagar la sanidad. Si se les impide dicha tributación, sin duda, sus finanzas se resentirán. Los presupuestos actualmente aprobados quedarán en papel mojado, puesto que, a todas luces, contemplan esta fuente como forma de equilibrio. Por ello, si se complace desde la administración central a los transportistas el agujero que pueden crear en las arcas autonómicas es de órdago. Tanto que tendrían que cederles otro impuesto para compensar. Como ven, nada fácil.