El pasado diciembre, el Gobierno de Pedro Sánchez, aprobaba un decreto ley de medidas urgentes sobre vivienda. Eso, la verdad, tampoco representa ninguna novedad. Es a lo que estamos acostumbrados. Casi cada viernes, el Consejo de Ministros utiliza esta figura jurídica, pese a que luego tenga que ser refrendada en el Congreso. Entre las medidas, estaba alargar el plazo para los inquilinos de tres a cinco años, limitar la fianza que puede pedir el arrendador y que los gastos de tramitación del contrato sean a cuenta del propietario, en caso de ser una empresa. Pues bien, ha durado exactamente cinco semanas. Desde el día 19 de diciembre que se publicó en el BOE, hasta el 22 de enero que fue derogado por la Cámara baja. ¿Es bueno esto? Sin duda, no. La inestabilidad es lo peor que le puede pasar a cualquier mercado, no digamos ya al del arrendamiento. A partir de ahora, la situación vuelve a como estaba antes de que el Ejecutivo decidiese intervenir de manera tan desafortunada. Es decir, a quien haya firmado con las nuevas condiciones se le habrá quedado cara de tonto. Por unos días, tendrá un plazo mayor si quiere recuperar su vivienda, o le impidieron pedir la fianza que consideraba necesaria. En resumen, un desastre.

Sin embargo, lo peor está en por qué este decreto no salió adelante. Básicamente, debido a que para Unidos Podemos todas estas medidas son insuficientes. Tenían otro objetivo mucho más sabroso. Habían pactado con el PSOE una limitación de precios al alquiler. Ojo, palabras mayores. Esto es, que cada Ayuntamiento -ni siquiera el Estado- ponga el precio a cada propietario para arrendar su piso. No sé, imagínense una tabla de tarifas, similar a la carta de un restaurante, donde dijese: en la calle González Besada de Oviedo a tanto el metro cuadrado, en Mieres a no sé qué, en Gijón… Vamos, un auténtico disparate que no tendría ni encaje constitucional. Además, en esas condiciones, ¿cuántos arrendadores retirarían inmediatamente la vivienda del mercado? ¿cuántos estarían dispuestos a que el municipio de turno les dijese el valor en alquiler de su propiedad? Si vamos por este camino, ¿cuánto se tardaría en obligarlos por ley a que pusiesen en renta los inmuebles vacíos? ¿cuánto en limitar también los precios de venta?

Desde luego, podemos estar contentos con que tal dislate no se haya llevado a cabo. Directamente, sería cargarse la libertad de mercado con consecuencias fatales. Asistiríamos a una retirada masiva de la inversión para el alquiler, con el consiguiente hundimiento en la compraventa inmobiliaria. Sustituir la dinámica de la oferta y demanda por una burocracia aplastante, nunca sale gratis y sus efectos suelen ser justo lo contrario a lo que se persigue. En este caso, una escasez aún mayor de la oferta que se batiría en retirada, como si de un ejército derrotado se tratase.

@balbuenajm