Es lo que más van a escuchar a partir de ahora: cómo las remodelaciones pendientes se posponen hasta la siguiente legislatura. De hecho, poco después del verano comenzará el periodo electoral y con ello el consiguiente marketing político. Por tanto, grandes palabras y pocas realidades. Así, por ejemplo, la reforma de la fachada litoral oeste carece de plazos y presupuesto. Recuerden que la misma había sido objeto de un concurso de ideas ganado por un proyecto llamado «Foment-On». A la postre, un «Fomentón» en lenguaje gijonés, del que solo hemos visto bonitos dibujos e infografías puesto que todo lo demás está en el aire. Ni hay dinero puesto que depende de los fondos europeos, ni la zona de Naval Gijón está preparada al encontrarse inmersa en procesos judiciales. Algo parecido sucede con la reforma de El Muro que se está vendiendo por las cuatro esquinas. Fíjense que la semana pasada hasta se reunieron con el Principado para obtener sus parabienes. Cosa, claro, que consiguieron sin mayor esfuerzo. Solo le faltaba al equipo de gobierno municipal sufrir el fuego amigo: o sea, que el Gobierno asturiano le pusiese tachas a ese nuevo modelo de ciudad que dicen vamos a tener. Eso sí, seguro que no va a dar tiempo a verlo.

Sin embargo, lo más sangrante viene con el plan de vías. Desde el Ayuntamiento tampoco saben muy bien cómo explicar eso de firmar un protocolo entre las tres administraciones intervinientes (Gobierno central, Principado y el propio Consistorio). Ojo, no el convenio prometido y que nos llevaría a una situación similar a la de mayo de 2019, sino un pliego de intenciones y limitados efectos jurídicos, como ellos mismos reconocen. Aseguran que es con el objetivo de avanzar en el plan, ahora bien, nada quita que ante cualquier cambio de signo político todo se vuelva papel mojado. No sería la primera vez. Da la impresión, pues, que existe la imperiosa necesidad de vendernos lo que sea a los gijoneses antes de los comicios, bajo el formato de un presunto documento vinculante que no lo es. Si ya la propia alcaldesa, Ana González, se cargó el anterior convenio consensuado, firmado y publicado en el BOE, imagínense lo que puede hacer cualquier otro gobernante ante un protocolo que no ofrece garantías. En fin, igual hasta caemos en el trampantojo de creer que después de veinte años vamos a tener realidades, cuando no hemos conseguido ni llegar a donde estábamos hace cuatro.

@balbuenajm